Canalejas hizo una carrera de 1.400 metros digna, pero en un grupo exigente que le dejó en sexto lugar, tras haber ganado el pasado 14 de mayo. A su vez Espronceda, también propiedad de Juan Carlos Peinado García -el juez Peinado, titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid- quedó este domingo 7 de junio en sexta posición en los 1.600 metros. Los dos sin premios.

El caballo Canalejas, propiedad de Juan Carlos Peinado García, el juez, salió bien este domingo 7 de junio en París-Longchamp a las 15:35 de la tarde, y parecía cumplir con las expectativas después de ganar la carrera del Prix de Pontarme, del pasado 14 de mayo, situándose en cabeza en los primeros doscientos metros de los nueve que competían por los premios del Prix Paul de Moussac de los 1.400 metros en pista plana.

Los caballos Imperior y sobre todo Nighttime, el favorito, avanzaron con fuerza, a por todas.

Era una prueba importante para Canalejas porque su ascenso al grupo II, después de su victoria del 14 de mayo, le obligaba a medirse con rivales muy consolidados.

Nighttime brilló como favorito que era y señaló desde el principio quién se llevaría el gato al agua. Go Man, que se situaba en cuarta posición, saltó a la segunda. Y Synaran, de la cuadra de Aga Khan Studs, apretó, pero solo para llegar tercero.

Defraudó el segundo favorito, Afandy, de la cuadra Al Shaqab Racing, que llegó en cuarta posición.

En el Prix de Moussac han cobrado recompensas económicas los cinco primeros, quedándose Canalejas fuera con su sexta posición.

Nighttime ha obtenido como ganador de la carrera 118.000 euros, cifra que incluye una prima por tratarse de un caballo nacido y criado en Francia, gozando así de un subsidio a la crianza caballar en dicho país.

Go Man, 45.000 euros. Synaran, tercero, ha logrado una allocation (reparto de beneficios) de 12.000 euros, pero como caballo nacido en Irlanda no percibió prima (que hubiera subido su recompensa a 21.000 euros).

Afandy, cuarto, ha ganado 14.000 euros e Imperior, quinto, 7.000 euros.

Prix de Moussac. 1.400 metros

En la otra carrera, de 1.600 metros, el caballo Espronceda, integrante de `Juan Carlos Peinado García´, una de las cuadras del juez Peinado, competía este domingo 7 a partir de las 17:35 horas en el hipódromo París-Longchamp el Prix de la Défense.

Buena salida de Espronceda, se sitúa tercero, parece querer, pero no puede, y se va quedando. Terminará en sexta posición.

Como Canalejas, tampoco Espronceda logra este domingo 7 de junio obtener recompensa económica. El primero en esta carrera de 1.600 metros planos es Play The Game.

Prix de la Défense. 1.600 metros.

El Prix Paul Moussac que ha ganado Nighttime en la carrera de 1.400 metros, consagra una vez más a la cuadra Wertheimer, una de las principales de Francia.

Pierre Wertheimer la fundó en los años veinte del siglo pasado y es nada menos que el creador y propietario de la marca de lujo Chanel.

Ahora al frente de la misma y de la cuadra de caballos están sus nietos Gérard y Alain Wertheimer.

La cuadra de la elegante casaca azul, costuras y mangas blancas, de Wertheimer & Frere, figuraba hasta la carrera de este domingo primera en el palmarés para lo que va del año 2026 como número 1, con 86 caballos, 49 victorias, y unos premios (entre las allocations, primas al propietario y al criador) de 2.400.484 euros, a los se añaden los apuntados 118.000 euros del Prix Paul de Moussac.

El otro caballo favorito, frustrado este domingo 7 de junio, era, según se ha señalado, Afandy, que pertenece a la cuadra Al Shaqab Racing, propiedad del emir de Qatar.

Y, finalmente, hay que incluir entre los mejores a Synaran de la cuadra de Aga Khan Studs, cuya propiedad es de la familia del Aga Khan, el líder de los musulmanes ismaelitas. El Aga Khan IV, Karim, falleció en Lisboa a los 88 años en febrero de 2025.

La cuadra del juez Juan Carlos Peinado García figura como número 45 en el ranking con 8 caballos y unos beneficios de 126.474 euros, entre allocations y prima para el criador.

Con todo, según ya hemos informado, la actividad hípica del juez Peinado es más amplia: a la cuadra `Juan Carlos Peinado García´ se unen `Juan Peinado´, ‘Sra. Patricia Peinado’, ‘Patricia Peinado’ e ‘Interlawyers´.

Juan Peinado Toledo y Patricia Peinado Toledo son hijos del juez y participan en actividades hípicas y de crianza de caballos.

A lo largo de veinte años, aproximadamente, las cinco cuadras relacionadas con Juan Carlos Peinado García habrían corrido 273 carreras.

Y desde que el juez Peinado ha adquirido notoriedad pública, a raíz de la admisión a trámite de la querella del sindicato Manos Limpias, en abril de 2024 contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, solo la cuadra llamada ‘Juan Carlos Peinado García’ ha competido en 60 carreras, entre el 28 de noviembre de 2024 y este 7 de junio de 2026, en la que Canalejas y Espronceda terminaron, respectivamente, en sexta posición.

Información publicada en El Periódico

El caballo Canalejas, nacido y criado en Francia, propiedad de Juan Carlos Peinado García, el juez, que viene de ganar la carrera del Prix de Pontarme, del pasado 14 de mayo, en “el” hipódromo mundial por antonomasia, el París-Longchamp, según informó este periódico en exclusiva, se medirá este domingo 7 de junio de 2026 con dos ejemplares de cuadras de campanilla que parten como favoritos en el premio Paul de Moussac.

Nightime, propiedad de la cuadra Wertheimer, una de las principales de Francia en carreras hípicas, fue fundada por Pierre Wertheimer, y la gestionan sus nietos Gérard y Alain Wertheimer. Pierre, el abuelo, es el hombre de negocios más conocido por haber fundado Chanel, y comenzó a lanzar sus caballos a la pista plana con la casaca azul con costuras y mangas blancas en los años veinte del siglo pasado. Wertheimer & Frere figura, por ejemplo, en el palmarés elaborado para lo que va del año 2026 como número 1, con 86 caballos, 49 victorias, y unos premios (entre las allocations, primas al propietario y al criador) de 2.400.484 euros.

El otro caballo favorito es Afandy, que pertenece a la cuadra Al Shaqab Racing. Se trata del no va más de los complejos ecuestres internacionales fundado en 1992 por Hamad Bin Khalifa Al Thani, emir de Qatar - considerado uno de los países más ricos del mundo- hasta 2013, cuando abdicó en favor de su hijo Tamim. En el ranking que publica Galop France, la cuadra se sitúa en el palmarés del año 2026 con el número 8, con 33 caballos con una suma total de allocations (reparto de beneficios), prima de propietario y de criador, de 642.364 euros.

Pero esta carrera tambien contará con otro caballo rival de una cuadra internacional que despierta fuertes apuestas.

En efecto, a Nightime y Afandy se une Synaran de la cuadra de Aga Khan Studs, cuya propiedad, que incluye campos en Irlanda y Francia (con sus cinco famosas instalaciones próximas a Chantilly), se remonta a la generación de la familia del Aga Khan, el líder de los musulmanes ismaelitas. El Aga Khan IV, Karim, amigo de Juan Carlos I, y protagonista de la crónica de alta sociedad, falleció en Lisboa a los 88 años en febrero de 2025.

La cuadra ostenta el número 2 en el ranking de cuadras con 40 caballos y allocations, primas de propietario y criador, para lo que va de 2026, de 1.948.763 euros.

Los 9 caballos que corren hoy en el Prix Paul de Moussac

La cuadra del juez Juan Carlos Peinado García figura como número 45 en el ranking con 8 caballos y unos beneficios de 126.474 euros, entre allocations y prima para el criador.

Con todo, según ya hemos informado, la actividad hípica del juez Peinado es más amplia: a la cuadra `Juan Carlos Peinado García” se unen ‘Juan Peinado’, ‘Sra. Patricia Peinado’, ‘Patricia Peinado’ e ‘Interlawyers’.

Juan Peinado Toledo y Patricia Peinado Toledo son hijos del juez y participan en actividades hípicas y de crianza de caballos.

Este domingo 7 de junio, pues, Canalejas, que ha subido de categoría -ganó según se ha apuntado el 14 de mayo pasado el Prix de Pontarme - será montado por el jockey Alexis Pouchin, con el número 7, y los colores de España, y formará parte de los nueve caballos que compiten en la carrera de 1.400 metros, Prix Paul de Moussac, prevista para arrancar en París-Longchamp a las 15:50 horas.

El ganador, si tiene derecho a prima (subvención que se otorga a los caballos criados en Francia), se llevará 118.702 euros.

Por su parte, Espronceda será también montado por el jinete Alexis Pouchin a las 17:35 horas con el número 6 en la carrera de pista plana de 1.600 metros, Prix de la Défense, que se disputarán diez caballos. El premio al que venza, sin prima, es de 9.100 euros.

Está previsto que los caballos participantes en este último premio de la tarde del 7 de junio salgan a la venta. El precio de Espronceda es de 14.000 euros.

Mientras, el juez Peinado, ya en su actividad jurisdiccional, ha resuelto, a petición de la defensa de la esposa del presidente Pedro Sánchez, aplazar la audiencia llamada “preliminar” para debatir sobre la procedencia de abrir juicio oral.

Esta vista a la que el juez ha convocado personalmente a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, y a sus defensas, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, tendrá lugar el 15 de junio próximo.

El juez prevé escuchar a las partes personadas también sobre la posible imposición de medidas cautelares de carácter personal a los imputados. Parece altamente probable que una de esas medidas sea la retirada de ppasaportes con el argumento de que es necesario ggarantizar así la presencia de los futuros acusados en el juicio al que serán sometidos ante un jurado popular de nueve miembros.

Vamos, para asegurar que la esposa del presidente Sánchez no eluda la acción de la justicia.

Las acusaciones populares personadas en la causa no resistirán la tentación de pedir esa retirada de los pasaportes, habida cuenta de que una medida de prisión provisional, como la que desearían, no será dictada.

Con todo, la última palabra sobre el desenlace -los delitos a enjuiciar y la celebración del juicio por la ley de Jurado popular- la tiene la sección 23 de la Audiencia de Madrid – presidida por la magistrada Rosario Esteban y la sala, formada alternativamente, por los magistrados Jesús Gómez-Ángulo Rodríguez, José Sierra Fernández y el ponente en las apelaciones Enrique Jesús Bergés de Ramón, quienes tienen pendiente resolver los recursos de apelación contra las decisiones del juez Peinado, tanto contra los delitos como la iniciativa de que el juicio se célebre ante un jurado popular.

Esta sección 23 ha insistido desde junio de 2025 en el delito de malversación que Begoña Gómez habría cometido al contratar a Cristina Álvarez como asistente. Los magistrados sostienen que ello habría supuesto la ruptura de la tradición según la cual las esposas de presidentes de gobierno contrataron siempre a expertos en protocolo.

La afirmación de la sección 23 no se corresponde con la realidad.

En los casos de Carmen Romero, esposa de Felipe González; Ana Botella, mujer de José María Aznar; Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, y de Elvira Fernández, mujer de Mariano Rajoy, los puestos de asistentes recayeron en personas de confianza.

Ninguna de las asistentes exhibía la credencial de experta o experto en protocolo.

Información publicada en El Periódico, sábado 6 y edición impresa domingo 7 de junio.

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El remate final o atropellada en el ámbito del turf (hípica) es la fase de aceleración de un caballo en la recta final de la carrera. Es la velocidad de cierre que despliega el equino para superar a sus competidores en los metros decisivos antes de la meta.

Estamos sobre las cuatro de la tarde en el famoso hipódromo París-Longchamp. Es el 14 de mayo de 2026. Ocho caballos se disputan el premio Pontarme. He aquí el relator:

¡Han salido en esta carrera de 1400 metros! Para caballos de 3 años, se trata del Prix de Pontarme. Una excelente salida del número 2, Trinquette, que inmediatamente toma la delantera, con Canalejas a su lado, y también Persian Imp Cen, desafiado por Aurelien Lemaitre, que intenta posicionarse. Trinquette lidera la carrera. En tercera posición se encuentra Valdorcia, número 7, por delante del número 5, Canalejas, y del número 4, Romanticón, quien ocupa la quinta posición en este grupo bastante compacto. Al final del grupo se encuentra Kozlovskha, número 8, uno de los favoritos, junto con Mardad Fal y Lyneham, que cierra la marcha. Imp Cen, número 6, tiene la ventaja, con Trinquette, número 2, en segunda posición, Valdoricia, número 7, y Kozlovskha, número 8, a su lado. Luego encontramos a Canalejas, número 5, y a Romanticon, el favorito de esta carrera, que va rezagado, pero empieza a avanzar hacia la última posición, Mardad Fal, número 1. Al entrar en la larga recta final, con Persan Imp Cen, que aún mantiene la ventaja, flanqueado por fuera por Trinquette, que lo presiona, Kostofka está al acecho, detrás del primer caballo rezagado, Valdorcia, y también Canalejas, que se acerca con facilidad, al igual que Romanticón, que se abre completamente por fuera, a doscientos o trescientos metros de la meta, quizás con Trinquette, número 2, que sigue siendo el mejor, pero, atención, está siendo atacado con fuerza por Canalejas, que coge la delantera. Kostofka también está en el centro, por fuera, Romanticón intenta acelerar, pero es el número 5, Canalejas, quien después de atropellar, lidera ahora la carrera, por delante del número 8, Kozlovskha, con Trinquette en tercera posición luchando junto a Romanticón, número 4. ¡Canalejas, el número 5, se alza con la victoria…”

Canalejas – nombre de José Canalejas, político regeneracionista liberal que presidió el consejo de ministros entre 1910-1912 y fue asesinado por el anarquista Manuel Pardiñas en la madrileña Puerta del Sol- es un ejemplar que según consta en la documentación de la competición pertenece a Juan Carlos Peinado García, es decir, el juez Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid.

Es Canalejas un ejemplar nacido en Francia y es uno de los nombres de personajes españoles famosos que integran la cuadra.

Otros caballos son: Campomanes, Pemán, Valle Inclán, Galdós, Azorín, Unamuno y Baroja.

Para el propietario de Canalejas el premio y la subvención (que incentiva la cría caballar en Francia) ha sumado 44.000 euros.

La pasión del juez Juan Carlos Peinado García (Madrid, septiembre 1954) es más que un hobby, según se desprende de la actividad de las cuadras ‘JUAN CARLOS PEINADO GARCÍA’, ‘JUAN PEINADO’, ‘SRA. PATRICIA PEINADO’, ‘PATRICIA PEINADO’ e ‘INTERLAWYERS’.

Una cuadra, en la terminología de la hípica, es el conjunto de caballos que pertenecen a un mismo propietario, criadero o equipo de competición.

Las yeguadas mencionadas ‘Sra. Patricia Peinado’ y ‘Patricia Peinado’ figuran como propiedad de Patricia María Peinado Toledo (concejal de Zona sur por el Partido Popular del actual gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en Madrid), hija del magistrado Juan Carlos Peinado García.

‘Juan Peinado’ se refiere a Juan Carlos Peinado Toledo - hijo de Juan Carlos Peinado García-, quien aparece en la cuadra solamente como criador en Haras Des Fontaines, 17 Chemin Des Fontaines, 65190 Mascaras, un establecimiento ecuestre profesional histórico especializado en la reproducción, nacimiento, pupilaje (alojamiento) y cuidado de caballos de carrera purasangre que dirige el profesional francés Thierry Abadie en una zona de pastos de alta calidad, veterinarios y personal cualificado. Está situado en la región de Occitania, departamento de Altos Pirineos.

Las primeras carreras de las que se tiene constancia se corresponden con la cuadra `Patricia Peinado´ (hija de Juan Carlos Peinado García) disponiendo del historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.

La carrera en cuestión se celebró el 15 de agosto de 2005 en el hipódromo de San Sebastián por el ejemplar Road Far Fast. Esta carrera parece representar el inicio de la actividad de competición de las cuadras.

Actividad en la que, si se atiende a las cifras económicas, parece responder más a una gestión empresarial o explotación económica que a una mera ocupación recreativa o de ocio.

Hay que ocuparse de la reproducción, nacimiento, alojamiento, pupilaje, cuidado y transporte de los caballos.

El número de carreras disputadas por las cinco cuadras relacionadas con Juan Carlos Peinado García indican que los ejemplares de ‘Juan Carlos Peinado García’ han corrido 91 carreras desde el 12 de mayo de 2014 hasta el 14 de mayo de 2026.

La cuadra ‘Juan Peinado’ corrió 121 carreras desde el 6 de diciembre de 2008 hasta el 23 de mayo de 2019.

La cuadra ‘Interlawyers’ ha corrido 4 carreras desde el 29 de junio de 2014 hasta el 8 de septiembre de 2019.

La cuadra ‘Sra. Patricia Peinado’ ha corrido 83 carreras desde el 6 de diciembre de 2015 hasta el 2 de septiembre de 2023.

Y, por último, la cuadra ‘Patricia Peinado’ ha corrido 3 carreras desde el 17 de junio de 2016 hasta el 9 de junio de 2019.

Conforme a los datos plasmados en una hoja realizada cin el entrecruzamiento de las cuadras examinadas por El Periódico, el número total de competiciones ecuestres de las cinco cuadras relacionadas con Juan Carlos Peinado García habrían alcanzado las 271 carreras durante un período superior a veinte años dedicados al turf.

Desde que el juez Peinado ha adquirido notoriedad pública, a raíz del comienzo de su investigación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en abril de 2024, la cuadra llamada ‘Juan Carlos Peinado García’ ha competido en 58 carreras desde el 28 de noviembre de 2024 hasta el 14 de mayo de 2026, de la que Canalejas salió vencedor en París-Longchamp.

La cuadra ‘Sra. Patricia Peinado’, hija de Juan Carlos Peinado García, ha corrido 83 carreras desde el 6 de diciembre de 2015 hasta el 2 de septiembre de 2023, habiendo corrido en esta última fecha la yegua Olivenza en el hipódromo La Teste de Buch situado en la región de Nueva Aquitania, en Francia.

Esto contrastaría con el siguiente hecho: en su declaración de bienes, actividades y renta de Patricia María Peinado Toledo, como concejal de zona sur, presentada en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de la Comunidad de Madrid en fecha 28 de julio de 2023 no menciona ser propietaria de ningún caballo o yegua.

Los nombres asignados a los caballos y yeguas que han integrado el patrimonio equino vinculado, de una u otra forma, a Juan Carlos Peinado García, son sugerentes. Así, aparecen, según se ha apuntado, nombres históricos que rememoran a escritores y políticos.

La vinculación de las distintas cuadras apuntadas está reflejada en el traspaso de algunos ejemplares y por el nombre de preparadores o entrenadores.

Algunos ejemplos: los caballos Stonebridge, Pemán, Café Theatre, Mirlo Blanco, La Adrada [municipio del sur de Ávila donde el juez Peinado posee un chalé] y Azorín, que se repiten en distintas cuadras.

En el período comprendido entre el 6 de diciembre de 2008 al 14 de mayo de 2026 las cuadras analizadas han tenido registrados no menos de 25 caballos. Con todo, la cifra sería superior.

En cuanto al nombre de preparadores o entrenadores - A. C., C. Alonso y R. Martín -, en particular, según se menciona en el Boletín Oficial de las Carreras de Caballos de Galope n.º 24 de fecha 2 de junio de 2017 editado por Jockey Club Español, el 24 de mayo de 2017 el caballo Pemán cambia de la cuadra ‘Juan Peinado’ a la cuadra ‘Interlawyers’ y en la misma fecha el ejemplar Mirlo Blanco cambia de la cuadra ‘Juan Peinado’ a la denominada ‘Patricia Peinado’.

Se da la circunstancia, conforme a la información disponible, de que en las competiciones han coincidido la participación de dos caballos pertenecientes a dos cuadras distintas, o bien de la misma, pero con diferente denominación.

Ello ocurrió, por ejemplo, el día 3 de marzo de 2018 en el hipódromo Bordeaux Le Bouscat, en el distrito de francés de Burdeos, en la que compitieron los ejemplares Stonebridge en el premio Prix du Taillan por la cuadra ‘Juan Carlos Peinado García’ y el ejemplar Baroja por la yeguada ‘Juan Peinado’ en la carrera por el premio Prix Du Merlot.

El 27 de agosto de 2017 también hubo esa competencia. En el hipódromo de San Sebastián los caballos Valle Inclán compitieron por el premio Gran Casino Bilbao bajo la tutela de la cuadra ‘Juan Peinado’, y Pemán lo hizo por el premio Lankorpe Industria Gráfica, con los colores de la cuadra de ‘Juan Carlos Peinado García’.

A lo largo de los años de los que se dispone de registros se constata que las cuadras ‘Juan Carlos Peinado García’, ‘Juan Peinado’, ‘Sra. Patricia Peinado’ e ‘Interlawyers’ han corrido en instalaciones hípicas de España y Francia.

Así, en La Zarzuela, por ejemplo, en fecha 29 de junio de 2014 tuvo lugar la carrera de la cuadra Interlawyers, o dos carreras más de la ‘Juan Peinado’ los días 2 de julio de 2017 y el 12 de marzo de 2017. Por parte de la cuadra ‘Patricia Peinado’ también corrieron en La Zarzuela los días 14 de abril de 2019 y el 5 de mayo del mismo año. La actividad ecuestre de Juan Carlos Peinado García y en igual medida la de su hija Patricia Peinado se ha desplegado a lo largo de más de veinte años.

En algunos casos, mediante la adquisición de ejemplares fuera de España, por ejemplo en Irlanda, donde se habrían comprado dos potros posteriormente bautizados como Espronceda, perteneciente a la cuadra ‘Juan Carlos Peinado García’, y el ejemplar Campomanes, también de la cuadra ‘Juan Carlos Peinado García’, que en el enlace aparece asociado a los colores de ‘Interlawyers’.

Algo parecido sucede con el caballo Canalejas, ganador de la carrera del pasado 14 de mayo en el hipódromo de París-Longchamp.

En una carrera anterior, de la que existen imágenes en la que se le puede ver, corrió con los colores de ‘Interlawyers’ (verde y naranja).

Fue el 22 de junio de 2025 en el Prix Montoulieu en el hipódromo de Toulouse.

En la temporada verano 2017, jornada decimotercera, en el hipódromo de San Sebastián, el día 27 de agosto, hay un acta de las carreras en las que se recoge: “Estos comisarios acuerdan sancionar a la CDA.INTERLAWYERS con 75 € por correr con colores distintos a los declarados, siendo reincidentes en la temporada. Todo ello en virtud del artículo 142 (apartado 2º/párrafos III y IV).

No es ciertamente fácil saber con qué indumentaria han de correr a tenor del trasiego de ejemplares entre unas cuadras y otras, aunque todas ellas estén relacionadas.

El mayor número de carreras se habrían realizado en el país vecino, Francia, muy probablemente, o al menos en parte, por la cuantía de los premios, considerablemente más elevados que en España.

Conforme a la información disponible en el portal france-galop.com (el portal oficial de France Galop es la plataforma digital de la entidad que gestiona y organiza las carreras de caballos de galope en Francia) se obtienen los datos correspondientes a los premios económicos logrados.

En concreto, de los distintos enlaces a los que se puede acceder sobre la cuadra ‘Juan Carlos Peinado García’, sale la siguiente información sobre los premios conseguidos en los ejercicios 2025 y 2026, serían los siguientes:

· Año 2025 subsidio + bonificación por propiedad: 104.393 euros

· Año 2026 subsidio + Bonificación por propiedad: 119.496 euros.

Por lo que respecta a la cuadra de ‘Patricia Peinado’ en período 2016 – 2022 el montante de premios ha sido de 193.107 euros.

Si se suman todas las cantidades percibidas en concepto de premios en el conjunto de las cuadras analizadas ha sido de 766.860 euros. Sólo en circuito francés. Habría que añadir, pues, los premios obtenidos en España para cada una de las cuadras.

El juez Peinado solicitó en 2023, con 69 años, la prórroga que obliga a todos los jueces a jubilarse a los 70 años.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorizó en su reunión del 11 de enero de 2024 esa prórroga hasta los 72 años, que el juez cumplirá próximo 27 de septiembre.

Esa prórroga, precisamente, ha permitido al juez admitir a trámite e instruir una causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, iniciada en abril de 2024 al admitir a trámite una querella contra ella del llamado sindicato Manos Limpias.

Dos años largos después, Peinado está a punto de dictar auto de apertura de juicio oral y pide que sea un jurado popular el que enjuicie a Begoña Gómez, una decisión que tendrá que resolver la sección 23 de la Audiencia de Madrid.

Un tema del turf, mira por dónde, recayó en el juzgado 41 de Madrid, a cargo del juez Peinado.

En octubre se 2015, el juez admitió a trámite una querella de Cayetano Martínez de Irujo contra el presidente de la Real Federación Hípica Española, Javier Revuelta, por delito de prevaricación, fraude electoral y falsedad documental en las elecciones celebradas en 2025.

El pasado 11 de marzo, Peinado citó a los imputados a prestar declaración el 5 de octubre próximo.

Es decir: una fecha posterior a su jubilación, el 27 de septiembre, cuando, según se ha apuntado cumplirá 72 años.

Con todo, según un auto conocido esta semana, el juez Peinado ha resuelto archivar la querella, al acordar, siguiendo el criterio de la Fiscalía de Madrid, el sobreseimiento provisional.

Información publicada en la edición digital de El Periódico este sábado 30 de mayo y en edición impresa el 31 de mayo de 2026

Aunque intenten retirar los pasaportes a Begoña Gómez en la vista del próximo 9 de junio sobre apertura de juicio oral convocada por el juez Juan Carlos Peinado, a José Luis Rodrìguez Zapatero tras declarar el 18 de junio, y asumiendo que condenen a su hermano, David en la Audiencia de Badajoz, el presidente Pedro Sánchez no aflojará

“Crec que Pedro Sánchez resistirà tot i l’esforç de la dreta política i judicial perquè caigui tan aviat com es pugui. Això, malgrat que crec que és conscient que condemnaran el seu germà, que molt probablement retiraran el passaport a la seva dona Begoña i a Zapatero i que també hi haurà condemna sobre Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama els pròxims dies”. És l’opinió del periodista i escriptor Ernesto Ekaizer en plena tempesta politico-judicial al PSOE.

Ekaizer n’ha parlat al Versió RAC1 de Toni Clapés, on ha condicionat el futur suport dels socis del govern espanyol a la “magnitud dels detalls que vagin apareixent”, especialment els relacionats amb qüestions de finançament irregular que, diu, “no crec que apareguin”. Malgrat tot, és cautelós perquè considera que “això és un cop d’estat”.

El periodista es fa creus que s’estigui intentant equiparar el cas vinculat a Leire Díez amb el cas Kitchen, que s’està jutjant aquesta setmana a l’Audiència Nacional.

“L’operació Leire està totalment exagerada; la interlocutòria diu que ella i Cerdán eren els caps d’una operació per desestabilitzar la justícia, però no explica quins procediments va instrumentalitzar.

No se n’esmenta cap. És com el tema de Zapatero, la resolució del qual tampoc aconsegueix aclarir quines relacions tenia amb les persones que van aconseguir que es donés el préstec a Plus Ultra. No s’esmenten enlloc”, remarca.

Això, Ekaizer ho contraposa amb la magnitud de Kitchen: “Allò no van ser les clavegueres de l’estat, sinó la planta noble, amb la implicació del ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz; el secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez; el número 2 de la policia espanyola, Eugenio Pino, i tots els alts comissaris de la policia”.

De fet, el periodista demana a tothom fixar-se en els detalls que envolten l’exministre Fernández Díaz durant el judici: “Diu que desconeixia l’operació, però hi ha àudios seus del 2012 on se’l sent dir que negarà haver parlat sobre el tema amb Villarejo malgrat que el torturin; com no ha de negar-ho aleshores davant d’un tribunal?”, es pregunta.

A tot això, Ekaizer ha volgut restar importància i credibilitat al testimoni de Carmen Pano, la dona que ha declarat que va fer un pagament de 90.000 euros a la seu del PSOE i que assegura que n’hi haurien ofert 50.000 a canvi de callar. “Pano és una presumpta estafadora involucrada en moltíssimes causes sobre hidrocarburs i la seva filla va ser parella de Víctor de Aldama. El que ha dit no s’aguanta per enlloc, perquè no recorda ni a qui hauria entregat els diners; el problema és que el jutge li ha comprat el relat”, diu.

A més, la persona que Pano assegura que li hauria ofert aquests diners a canvi del seu silenci nega la major.

Es tracta de l’advocada Leticia de la Hoz, a qui Pano hauria visitat fa un any per explicar-li tota la història i aquesta, davant les seves inconsistències i passat fosc, “hauria recopilat proves per cobrir-se i que demostrarien que tot plegat és fals”.

Segons ha revelat, l’advocada “té un seguit de converses que demostren que ella no va conèixer mai a Leire Díez fins després que esclatés el cas i aquesta l’hauria trucat”. De moment, diu, encara no s’ha pogut defensar perquè el Col·legi d’Advocats de Madrid encara no li ha permès alliberar-se del seu deure professional de confidencialitat.

Federico Lledó, Ceo de Summer Wind

Leticia de la Hoz

Daniel Romero-Abreu, Thinking Heads

La abogada madrileña Leticia de la Hoz recibió el pasado viernes, día 22 de mayo, una llamada telefónica del empresario Federico Lledó, propietario y principal ejecutivo de Summer Wind.

En las setenta y dos horas transcurridas desde el auto del juez José Luis Calama hasta ese viernes, una compañía real —su empresa aeronáutica, con cincuenta empleados— se había convertido en una empresa instrumental para canalizar dinero cuyo destinatario final sería, según el esquema de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), asumido por el juez instructor, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

—Tenemos un problema —le explicó Lledó a la abogada—, y es que es al revés.

Summer Wind (Viento de Verano, en inglés) había pagado a Plus Ultra 3.450.000 euros. Sin embargo, el auto recogía, UDEF dixit, que Plus Ultra había pagado 3,9 millones a Summer Wind.

La abogada recibió una amplia documentación enviada por Lledó para presentar ante la Audiencia Nacional.

De la Hoz, tras leer el auto del juez Calama y revisar los datos remitidos, entendió de qué iba el asunto:

—El dinero del rescate se queda en parte en Plus Ultra y otra parte va pasando de sociedad en sociedad hasta que acaba en Julito Martínez y termina en Zapatero. Pasa de empresa en empresa. Y una de esas empresas pantalla es Summer Wind. Pero no hay un solo pago de Plus Ultra a Summer Wind; al contrario, es esta la que paga a la primera después de contratarla. Y dicen que son 3,9 millones, pero es mi cliente, Summer Wind, quien paga a Plus Ultra 3.450.000 euros.

Según ha explicado la abogada, Julito Martínez Martínez prestaba servicios para Summer Wind, empresa que trabaja en el sector aéreo desde 1999. Martínez Martínez se dedicaba a conseguir clientes para compañías aeronáuticas y vuelos chárter, cobrando por ello una comisión. Tanto Lledó como Martínez son de Alicante.

El lunes pasado, Leticia de la Hoz presentó un escrito en la Audiencia Nacional con 69 documentos en los que acredita la falsedad de la afirmación contenida en el auto del juez Calama, basado en uno de los informes de la UDEF. La Policía cita un informe de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) para presentar a Summer Wind como una de las empresas pantalla.

Lledó, según su letrada, no da crédito.

—¿Una sociedad pantalla con actividad, más de cincuenta empleados y una empresa que es la número uno en brokerage de aviones? —se pregunta la abogada.

Pero la de Summer Wind no ha sido la única puntualización sobre el auto y los informes de la UDEF. La empresa Thinking Heads (TH) ha emitido un comunicado porque aparece ampliamente citada tanto en los informes de la UDEF como en el auto del juez Calama.

Propiedad de Daniel Romero Abreu, el comunicado señala que “el auto no incluye a Thinking Heads entre las sociedades que presuntamente forman parte de la trama delictiva”. Y añade: “La relación de TH con Zapatero ha estado vigente desde el año 2014, vinculada a servicios de consultoría, conferencias y servicios editoriales, al igual que otras relaciones similares establecidas con más de cuarenta ex primeros ministros y expresidentes de España, Europa y Latinoamérica desde 2003, año de constitución de la empresa”.

Fuentes próximas a la compañía señalan que los cuatro expresidentes del Gobierno de España trabajan con TH: Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero.

Mientras la “trama Zapatero” -con joyas halladas en su oficina de la calle Ferraz y exhibidas en el escaparate de los medios de comunicación- ya es, según una mayoría de la prensa, un hecho.

El argumento para defender la actuación de la UDEF, el juez y la Fiscalía Antucorrupción : hay múltiples “indicios” y solo se está en los inicios, por lo que no se puede pedir mas.

La realidad: la instrucción de esta causa lleva más de un año antes de “explotar” el pasado martes 19 de mayo.

Y esa investigación discurrió bajo secreto sumarial, aunque con filtraciones políticas en las cuales el Partido Popular ha tenido una posición privilegiada.

Pero la importancia de los “indicios” es relativa.

El principal agujero de esta instrucción está en el delito de tráfico de influencias que se imputa a Zapatero.

Para este delito (artículo 429 del Código Penal), resulta necesario, ya desde el inicio de la investigación, exponer —que no probar - cómo actuó el expresidente.

¿Cómo lo hizo?

¿En qué consistió su capacidad de influencia - prevalimiento - para conseguir que directivos de la Administración resolvieran otorgar el crédito de 53 millones a la aerolínea española Plus Ultra? ¿Sobre quién o quiénes, con potestad para concederlo, habría ejercido dicha influencia?.

En este sentido, la investigación sigue siendo, como se dice en el lenguaje anglosajón, una “fishing expedition”, es decir, una investigación prospectiva en busca de pruebas e indicios para justificar una acusación predeterminada.

Y en esa expedición, el foco está en el personaje, el único que, según el relato policial, tenía acceso a Zapatero y a lo que el expresidente habría hecho en su tarea de ejercer el tráfico de influencias.

Se trata de Julito Martínez Martínez, (JMM) el hombre que hasta ahora sólo ha dIcho: “Nunca me podría imaginar que un ex presidente del Gobierno pudiera ser imputado y menos Zapatero, pensaba que se libraría de esto’

La Fiscalía Anticorrupción espera que en esa expedición de pesca Julito llegue un pacto para explicar que quiso decir con que Zapatero “se libraría de esto”.

En roman paladino: que confiese qué hizo Zapatero para hacer realidad ese préstamo.

Es decir: ¿cómo hizo el tráfico de influencias?

O si en los diálogos con los propietarios y ejecutivos de Plus Ultra, Julito vendía humo al presentar a Zapatero como su as en la manga para conseguir que la Administración otorgarse el préstamo a la aerolínea.

Un as en la manga por lo que Julito cobró el 1% del préstamo: 530.000 euros.

Esa es, pues, la cuestión.

Información publicada en El Periódico

“Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales”.

Ley de Enuiciamiento Criminal (Lecri) artículo 297

“El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior”.

Código Penal, artículo 428

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia 480/2004, de 7 de abril) dIce que la utilización conjunta de los términos influir y prevalimiento indica (1) no basta la mera sugerencia sino que éste ha de ser realizada por quien ostenta una determinada situación de ascendencia y (2) el influjo tenga entidad suficiente para asegurar su eficiencia por la situación prevalente que ocupa quien influye.

Tribunal Supremo, sentencia, 7 de abril de 2004

7 de abril de 2004

Las tres citas que lectoras y lectores han podido leer tienen el propósito de ilustrar que, en las diligencias que se siguen sobre la existencia de la “trama Zapatero”, los policías, la Fiscalía Anticorrupción y el juez de instrucción se han guiado por un adagio periodístico asociado a la prensa amarilla o sensacionalista desde una película de Hollywood de 1964. Se trata de La pícara soltera, protagonizada por Tony Curtis, Natalie Wood, Henry Fonda, Lauren Bacall y Mel Ferrer, donde se acuñó la frase original que más tarde quedó resumida en: “No dejes que la realidad te estropee una buena noticia o un buen titular”

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los informes de la policía judicial tienen el carácter de denuncia.

Pero, como ya dijo en 2014 Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, “en España las causas más complejas no las instruye el juez de instrucción, que es independiente, ni el Ministerio Fiscal, sino que, por lo general, nos vienen precocinadas por la labor de la policía, que cumple sus funciones, pero que no tiene el estatuto de los países anglosajones y de la Agencia Tributaria, con lo cual después la capacidad de filtraje crítico de lo que nos viene resulta siempre muy limitada”.

El salto no es difícil de apreciar: pasamos de una policía cuyos informes tienen el carácter de denuncia —Lecrim dixit— a una situación en la que los policías, según Torres-Dulce en 2014, “precocinan” la instrucción judicial.

Esta realidad se observa en el auto del juez Calama, cuya principal fuente de inspiración, por así decirlo, son los informes elevados por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera).

La conclusión aparece al final de uno de los dos informes, concretamente en la página 155:

“En este sentido, lo analizado corrobora que la red organizada dispone de una estructura definida y jerarquizada, con un reparto de funciones entre sus integrantes. La ‘Finance Boutique’ —término que los propios investigados emplean— utilizaría la estructura formal identificada para canalizar los cobros ilícitos a cambio de las influencias ejercidas. Como así indica Rodolfo Reyes: ‘Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique’… ‘Así que por vendrá la mordida’.

En la cúspide de la red de influencia se ubicaría José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejercería un liderazgo no visible en la estructura formal, realizando una supervisión estratégica del proceso de concesión de la ayuda que se sigue respecto de la sociedad Plus Ultra desde el contacto inicial, según indica Rodolfo Reyes: ‘Julio habló con ZP 11 min’. ‘Le explicó todo’, como a medida que se suceden los avances ‘se notaba que nos han recibido por “altas” recomendaciones’ —‘Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás’— (reuniones celebradas con el secretario de Estado de Transportes) o en las indicaciones de Rodolfo Reyes a Julio Martínez Roca: ‘Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100 % de seguridad. Con esa respuesta, que busquen un banco para el crédito puente’”.

Pero lo que aquí se presenta como conclusión es, en realidad, una afirmación —más bien una acusación— sostenida desde el comienzo.

En rigor, se trata de buscar y exponer indicios que ilustren de forma inequívoca una conclusión predeterminada. No existe ninguna alusión a otras conclusiones posibles ni, sencillamente, un contraste crítico de la acusación. Porque, en esencia, se trata de un escrito acusatorio.

Y eso es lo que asume el juez Calama, aunque elimine parte del sesgo que impregna los informes. ¿Puede considerarse esta la conducta de un juez de garantías?

Lo cierto es que en España no existe la figura del juez de garantías.

Durante años se ha trabajado en la idea de reformar la Lecrim para importar de otros países, especialmente de Francia, la figura del juez de garantías frente al vigente —al menos sobre el papel— juez instructor o juez investigador. Pero, como se aprecia en la relación entre el auto de imputación y los informes de la UDEF, quien realmente dirige la investigación es la Policía.

Eso sí: existe un proyecto de reforma de la Lecrim aprobado por el Gobierno en noviembre de 2025 que, de momento, duerme el sueño de los justos.

En los informes no aparece acreditado un elemento esencial del delito de tráfico de influencias: la capacidad efectiva de prevalimiento de Zapatero y la identificación concreta de las personas o funcionarios sobre los que habría ejercido esa influencia en el caso Plus Ultra.

Pero he aquí que el juez Calama tampoco aporta -porque todo su auto se basa en esos informes- una apreciación jurídica -¿a quién si no cabe esta tarea?- que incardine la información policial en la tipicidad delictiva del tráfico de influencias.

“No es el clásico ‘alguien ha matado a alguien’. Es ‘Zapatero ha matado a alguien’ y no sabemos a quién, ni cómo, ni cuándo, ni por qué”, explica a este periódico la doctora en Derecho María José Landaburu.

Es evidente que el dinero cobrado por Zapatero y sus hijas —unos 1,9 millones de euros entre 2020 y 2025— es lo que ha excitado a los policías, extremo que el expresidente tendrá que, obvio es, aclarar escrupulosamente, aunque con su presunción de inocencia ya seriamente destruida por el propósito policial -con apoyo de Fiscalía Anticorrupción y del juez instructor- de comvertir en titular la llamada “trama Zapatero”.

Pero, como matiza Landaburu, “la acusación contenida en el informe de la UDEF, según la cual [el ex presidente] formaría parte de un completo entramado societario, aparece sin que se aporten indicios sobre control societario, dirección operativa o percepción de ingresos ilícitos”.

Los policías, pues, no han permitido que la realidad —esto es, ponderar todos los argumentos que podrían neutralizar los indicios— les estropee la buena noticia de consagrar la existencia de la “trama Zapatero”.

Este monstruo ya tiene vida propia

Información publicada en El Periódico

Cui prodest es una locución latina que significa a quién beneficia. Si Julio Martínez Martínez alias Julito, el amigo y asociado a José Luis Rodríguez Zapatero, obtuvo el contrato de 530.000 euros con Plus Ultra fue porque vendió a la compañía que tenía un as en la manga para conseguir el préstamo de 53 millones de euros y ese as era Zapatero. Tendrá, pues, que aportar pruebas. El expresidente lo niega.

¿Saben aquel del que "vende humo"? Podría ser un chiste de nuestro gran Eugenio, un fumador empedernido. Pero no.

Vender humo (vendere fumo) es como antiguamente nació en Roma el delito de tráfico de influencias. En el derecho romano: venditio fumi (venta de humo).

Durante muchos años el delito se llamó millantato crédito (percibir dinero o un contrato si se cumplía la promesa de acceder a la mediación de un funcionario para obtener una ventaja).

Hoy se llama tráfico de influencias ilícitas o estafa.

Es posible que Julio Martínez Martínez, el interlocutor y asociado de José Luis Rodríguez Zapatero en la empresa Análisis Relevante, un proyecto de consultoría o think tank —Zapatero y una empresa de sus hijas cobraron hasta 1,9 millones de euros por trabajos en 2020-2025—, ¿sea lo que la Real Academia Española (RAE) llama un vendehúmos?

Alessandro Severo emperador romano entre 222-235 d.C fue quien castigó a los vendehúmos.

Un estafador llamado Vetronio Turino tenía un acceso irrestricto al jovencísimo emperador. Sus múltiples promesas falsas llegaron a oídos del emperador.

El tocomocho de aquellos años llevó a Severo a condenar a la pena de muerte de Turino.

Mientras le ejecutaban, el pregonero consagró de viva voz una frase que se haría famosa: «Fumo periit, qui fumos vendidit» (Al humo perezca quien humo vende).

El origen histórico de este castigo está documentado en textos clásicos como la Historia Augusta, la colección de biografías de emperadores romanos y usurpadores del trono entre 117 y 284 d.C.

Hay una frase de Julio Martínez Martínez, Julito, para los amigos, que ha llamado mi atención esta semana, nada más conocerse el auto del juez José Luis Calama, que ha afinado dos informes de la UDEF y las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción.

Fueron sus breves declaraciones a OKdiario. “Nunca me podría imaginar que un ex presidente del Gobierno pudiera ser imputado y menos Zapatero, pensaba que se libraría de esto”.

¿Que se libraría de esto?

Pero es que Julito también está imputado.

¿Vendió Julito su amistad con Zapatero a los propietarios y ejecutivos de Plus Ultra para exhibir su poder?

Esto es: que Zapatero podría hacer posible con su influencia la concesión del préstamo que solicitaban.

Y que, claro, eso tenía un precio: una comisión del 1% del total.

Es decir: 530.000 euros de euros.

Según Zapatero, sus gestiones sobre el rescate de Plus Ultra son una quimera.

Nunca existieron.

La UDEF, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama sostienen que sí y no solo eso: que Plus Ultra era la punta del iceberg, que Zapatero había creado una organización criminal propia para el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales.

Indicios del tráfico de influencias en Plus Ultra -es decir, quien fue el interlocutor del tráfico de Zapatero dentro de la Administración, con capacidad de otorgar el crédito, y en qué consistía el poder del expresidente sobre esa persona- hasta el momento no se han acreditado.

Información publicada en El Periódico

Aunque el empresario Julio ‘Julito’ Martínez quiera ‘derrotar’ –es decir, lo que, según el argot policial, se define como ‘vender’ o delatar a su amigo el expresidente español–, siguiendo los pasos de Aldama en relación a José Luis Ábalos, tendria que rellenar el vacío asumido por los acusadores: ¿quiénes son los funcionarios relacionados con Zapatero que, por la relación personal que mantenían con él, le hicieron el favor –tráfico de influencias– de conceder el préstamo de 53 millones a la aerolínea española Plus Ultra, operación cuya ilegalidad, por otra parte, estaría por demostrar?

“Me gusta ser muy sincero y tengo que decir que en España las causas más complejas no las instruye el juez de instrucción, que es independiente ni el Ministerio Fiscal, sino que por lo general nos vienen precocinadas por la labor de policía que cumple sus funciones, pero que no tiene el estatuto de los países anglosajones y de la Agencia Tributaria, con lo cual después la capacidad de filtraje crítico de los que nos viene resulta siempre muy limitado. De ahí nuestra insistencia para la creación de un modelo en el que la Policía judicial y la Agencia Tributaria dependan en mayor medida, no del control, sino de la dirección, que es muy distinto, del Ministerio Fiscal”

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado, comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2014.

Si uno se atiene a los razonamientos de dos informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), y a la síntesis de ellos, en cuya elaboración han participado la fiscal Elena Lorente, de la Fiscalía Anticorrupción -se supone que será quien interrogue a Zapatero, en solitario o acompañada por el fiscal jefe Alejandro Luzón- y el juez José Luis Calama, titular del juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional, a través del imputación, el expresidente del Gobierno español, líder de la banda que traficaba influencias, tuvo la pericia suficiente para esconder la mano después de tirar la piedra, es decir, ejerció sus múltiples influencias sin dejar rastro alguno.

Porque en los muchos senderos bifurcados que se abren en la resolución del juez Calama, una cosa parece indiscutible: la influencia de Zapatero es invisible.

Tal ausencia de indicios en lo que se suele llamar la “explotación del operativo” – que suele estar precedida por una larga y cuidadosa preparación – está suplantada por un despliegue de sociedades, relaciones y cruzamientos, que se aleja del centro de lo que se pretende investigar.

De ahí esa borgiana imagen del jardín cuyos senderos se bifurcan.

Es que el delito de tráfico de influencias (artículos 428-430 del Código Penal) exige al juez de instrucción dos cosas: identificar a la persona o las personas influidas para hacer realidad la concesión del préstamo a Plus Ultra.

Es decir: describir que se trata de un funcionario o autoridad con la potestad necesaria para dictar una resolución que diera satisfacción a la influencia ejercida.

Y, segundo, comprobar si en el sujeto activo concurre una circunstancia concreta de prevalimiento – es decir, que la persona se aprovecha de una circunstancia de poder sobre otra- habida cuenta de que en este caso se trata de un particular.

Qué relación personal concreta le permitió a este particular, en este caso el expresidente, ejercer su pravalecimiento sobre el funcionario influido, acometer la influencia presuntamente ilícita?

El juez dice investigar un delito inexistente: el Código Penal no castiga la “creación” de tramas abstractas de tráfico de influencias.

Lo que si castiga es un tráfico de influencias en concreto. Eso es derecho penal.

Las “tramas” no está -que sepamos-tipificadas.

Estos dos requisitos son sustituidos por una cantidad de datos con el mensaje central sobre la existencia de una trama que sería el equivalente de aquel adagio de que “la letra con sangre entra”: el relato de esa organización criminal incluye seis veces el participio femenino singular “liderada” y tres veces el sustantivo masculino “liderazgo”.

Con un auto de estilo totum revolutum, basado en dos informes de la UDEF que suman unas mil páginas, el mensaje ha dado nacimiento a la “trama Zapatero”, cuyo viaje solo acaba de empezar y cuyas escalas serán numerosas hasta la declaración del expresidente el 2 de junio.

Si tan arraigada está en la UDEF, la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor la convicción como para proclamar con tal contundencia la existencia de esa trama y de su liderazgo, ¿por qué esperar dos semanas, entre la publicación del auto el pasado martes 19 de mayo y hacer que Zapatero declare, el próximo 2 de junio?

Ah… quizá para obtener más datos que puedan emanar de los registros de las oficinas que se acometerán el pasado martes.

Pero es que el instructor ya ha advertido que el imputado, habida cuenta de las filtraciones y noticias publicadas durante meses, habria podido destruir pruebas : “La amplia difusión mediática y la notoriedad del procedimiento judicial en curso hacen razonablemente presumible que cualquier elemento incriminatorio eventualmente existente habría sido ya retirado, destruido o trasladado, lo que debilita la proporcionalidad y necesidad de la medida restrictiva solicitada” [por la Policía].

Es decir, la UDEF, la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor presumen que Zapatero ha destruido material.

Pero, al tiempo, siguen pescando. Porque ahora han incautado los dispositivos de la secretaria del expresidente, Getrudis Alcázar, quien al tiempo ya ha sido citada por el Partido Popular a comparecer en la cámara de la Inquisición o caja de resonancia de los procedimientos judiciales que es el Senado.

Y al Senado se han unido, como era previsible, la personación del PP, Vox y Hazte Oir, admitida este viernes, en la causa.

Decíamos que Zapatero está en manos de Julio Martínez Martínez, Julito.

Julito es quien ha tenido el monopolio del acceso personal a Zapatero -con quien trabó amistad en un gimnasio, solian correr juntos y se ocupó de los negocios del expresidente, haciéndole pagos a él y a sus hijas de 1,9 millones de euros en los cinco años 2020-2025- y ha alardeado, inflado o inventado -lo que haya dicho- sobre la participacion del expresidente en el presunto tráfico de influencias. Los demás que se refieren a Zapatero son el eco de Julito.

Se trata de unas presuntas gestiones que llegaron a convencer a los ejecutivos y socios de Plus Ultra de que debían pagarle a Julito una comisión de 530.000 euros por conseguir el préstamo de 53 millones

¿Va a reconocer Julito que hizo name-dropping, es decir, utilizó el nombre de Zapatero para persuadir a los directivos de Plus Ultra de que su influencia merecía ser pagada, pero que, en realidad, todo era un tocomocho?

Julito, según declaró a Okdiario, publicación con la que mantiene muy buen feeling, según fuentes consultadas, se lo está pensando y se muestra sorprendido.

Si reconoce que vendió la burra, sale mal parado.

Y, por tanto, puede caer en la tentación de hacer lo que públicamente le sugiere Aldama, lo cual sería recibido con los brazos abiertos por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción.

Es decir “derrotar” a Zapatero.

Pero al “hacer un Aldama” tendrá que explicar qué gestiones, según él, hizo Zapatero, para conseguir la concesión del préstamo a Plus Ultra.

Y Zapatero niega que haya intentado ejercer influencia en esta operación.

La “trama Zapatero” ha destruido al exvicepresidente y a su familia, más allá de las explicaciones que pueda dar al juez el 2 de junio.

Su relación con Julito, que ha permitido el montaje en curso, es uno de los errores más espectaculares que se pueden cometer, del cual forma parte, sin duda, haberse convertido -y dejarse convertir- en uno de los íconos más relevantes del PSOE y de Pedro Sánchez desde la campaña electoral de julio de 2023.

Información publicada en El Periódico.

“No crec que Zapatero sigui el líder de cap organització criminal ni que hagi concorregut en tràfic d’influències; la interlocutòria del jutge és totalment desproporcionada”. És l’opinió que el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer ha donat al Versió RAC1 de Toni Clapés en relació amb la investigació que assenyala l’expresident espanyol en el cas del rescat de la companyia aèria Plus Ultra.

Ekaizer destaca que el text del jutge de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, “comença venent que Zapatero és qui exercia els contactes internacionals i institucionals d’alt nivell i, segons vas avançant en la lectura, no trobes aquests contactes descrits enlloc; de fet, de cop i volta, redueix aquestes converses a la seva capacitat d’influència”. Destaca que en tot el document Zapatero no apareix en cap escena, reunió o correu electrònic juntament amb algú que pogués influir en el préstec per rescatar Plus Ultra.

La interpretació del periodista és que la Fiscalia i la UDEF continuen “pescant” per veure si algú ven Zapatero: “Veurem què acaben trobant, perquè fins ara tot es redueix a un relat bonic”. I és que, segons diu, avui dia “els jutges a Espanya no instrueixen, sinó que es limiten a rebre indicis cuinats per la UDEF i l’UCO”.

El periodista considera que l’error de Zapatero va ser establir amistat amb Julio Martínez, el propietari de la consultoria Análisis Relevante, a través de la qual hauria cobrat per fer conferències, seminaris i altres actes —un total d’1,9 milions d’euros, entre ell i les seves filles, que també posseïen una empresa—. “Associar-se amb Martínez va ser un pas estratègic equivocat, perquè es tracta d’una persona que tenia contactes al govern de Veneçuela i que aconseguia coses. És el gran personatge de la història i el futur de Zapatero és a les seves mans”, diu. Ekaizer considera que Martínez va voler guanyar diners fabulant i exagerant sobre la importància de Zapatero. Tot això, amb l’objectiu de cobrar l’1% de comissió del rescat de Plus Ultra —5,3 milions d’un total de 53.

Per a Ekaizer, tot el cas té un rerefons internacional vinculat amb Veneçuela: “Zapatero era el cordó umbilical del govern de Delcy Rodríguez amb Europa i el món; l’oposició veneçolana, que no compra l’estabilitat que s’està atorgant al govern del país, ha rebutjat reunir-se amb l’expresident espanyol”, destaca.

Per a Ekaizer, tot el cas té un rerefons internacional vinculat amb Veneçuela: “Zapatero era el cordó umbilical del govern de Delcy Rodríguez amb Europa i el món; l’oposició veneçolana, que no compra l’estabilitat que s’està atorgant al govern del país, ha rebutjat reunir-se amb l’expresident espanyol”, destaca.

El auto del juez José Luis Calama sobre el liderazgo criminal de Zapatero destila en 85 páginas más de 1.000 folios -dos informes de la UDEF- y dedica amplio espacio a operaciones del conglomerado societario del empresario Julio Julito Martínez Martínez completamente ajenas al expresidente. Sin embargo, Julito, como le llaman, es, según la acusación, el “lugarteniente principal” de Zapatero.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a través de dos informes que suman más de 1.000 páginas, la fiscala Elena Lorente y el juez José Luis Calama han expuesto en buen número de páginas la actividad y cruce de operaciones del empresario Julio Martínez Martínez (JMM), cuyo doble apellido se suele citar para diferenciar al empresario de su tocayo, el presidente de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra, Julio Martínez Sola.

En ese despliegue de operaciones una cosa llama la atención: son completamente ajenas a José Luis Rodríguez Zapatero.

Y, sin embargo, te encuentras en la página 57 con esta afirmación:

“La red se encuentra estructurada, asumiendo distintas funciones cada uno de sus partícipes. Así, José Luis Rodríguez Zapatero ejerce funciones de dirección y control, seguido de Julio Martínez Martínez, quien actúa como lugarteniente principal y figura visible. Julio Martínez Martínez asume el contacto directo con los clientes, ejecuta las instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero y encabeza formalmente el entramado societario utilizado para canalizar los fondos, tanto en España como en territorios offshore”.

Pero, atención, no tienen relación alguna con el expresidente del gobierno español.

Engordan, eso sí, el relato.

Y si en medio de ese conglomerado vienen los pagos de las empresas de Julito a Zapatero y a la sociedad que llevaban sus dos hijas entre 2020-2025, por informes, ‘webinars’ y conferencias, ascendieron a 1,9 millones de euros, la percepción que crean es evidente: Zapatero es una pieza de ese engranaje.

Y si además se insiste en que Julito no es el timonel, sino el “lugarteniente principal” del jefazo Zapatero, el cuadro que pinta el auto es fantástico. Y, claro, fantaseoso.

Resulta que el gran jefe de la organización criminal, que tenía lo que se llama en derecho penal “el dominio del hecho”, en este caso el control de toda una estructura societaria montada -según el juez- tributaba en España por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que, como todo el mundo sabe, le quitaba una parte significativa del total que ingresaba.

Y ¿por qué si era el líder de la trama pagaba por IRPF?

Cuando se evoca que el Rey emérito o honorífico, Juan Carlos I, recibió 100 millones de dólares en agosto de 2008 (64,8 millones de euros) del rey de Arabia Saudí Abdullah y no los declaró a Hacienda siempre hay que preguntarse por qué.

Como me ha dicho hace unos días Luis María Anson, exdirector del Abc, miembro de la Real Academia, cuyas simpatías por la monarquía española son públicas, Juan Carlos I no quería sufrir el mordisco que le daría la Agencia Tributaria española, lo cual, según me explicó, sentaría mal en la monarquía saudí.

Sea o no una excusa elegante la alusión al enfado que se hubiera cogido el rey Abdullah caso de que Juan Carlos I declarase al fisco español los 100 millones de dólares en 2008, el hecho es que el emérito no declaró ese ingreso en su cuenta del banco suizo Mirabaud porque se sentía blindado.

La inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución - en una interpretación, digámoslo, favorable a reo- le amparaba frente a una investigación penal.

La lógica de los acusadores conoce un quiebro en la forma en que Zapatero contabilizo sus ingresos y pagó a Hacienda.

Alguien puede apuntar: lo hizo precisamente para tener una cobertura, para decir: he pagado a Hacienda ergo estoy limpio.

No parece que el jefazo de la trama que nos presentan se preocupase por ese apariencia. Podía haber residenciado los dineros en alguna estructura financiera en el exterior.

Que es lo que pretenden insinuar, precisamente, los acusadores cuando le atribuyen la creación de una empresq en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Una sociedad que, según informe de Hacienda, y así consta en el auto, no hizo pago alguno.

Si uno se atiene a los argumentos de la UDEF, la fiscal Lorente y el juez Calama, ¿no hubiera sido más pertinente interrogar primero a Julio Martínez Martínez?

Políticamente, la respuesta es evidente: no.

¿Diluir a Zapatero en su “lugarteniente”?

De ninguna manera.

Pero es que relacionan a Zapatero con la historia de Plus Ultra no por las gestiones realmente existentes – no se cita en el auto más que lo que se dice “de Zapatero”, y no lo que Zapatero ha hecho.

La Fiscalía Anticorrupción sigue su expedición de pesca de pruebas y muestra a Julito Martínez Martínez el espejo en el que se ve la imagen de Víctor de Aldama y su pretendida “colaboración especial” con la Justicia.

La pregunta sería: ¿goza JMM del talento de Mr. Aldama?

momento ha hecho declaraciones a Ok Diario, periódico digital con el que mantiene excelentes relaciones:

“Nunca me podría imaginar que un expresidente del Gobierno pudiera ser imputado y menos Zapatero, pensaba que se libraría de esto”. Y ha añadido: “Quiero analizar la causa y leer el auto completo para poder hacer más declaraciones”.

¿Pero qué hizo Zapatero?

¿Con quién contactó, como promete describir el auto desde su página 7 y no concreta a lo largo de sus 78 páginas siguientes?

Ya en la calificación jurídica, afirma el juez, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que “nos encontramos ante un delito de mera actividad, de modo que basta con que el sujeto intente influir en un funcionario, sin ser necesario que la resolución buscada llegue a dictarse. El tipo básico ni requiere que la resolución pretendida sea injusta o arbitraria, ni exige que finalmente se emita”

Añade: “Lo relevante es que la influencia tenga la capacidad objetiva de orientar al funcionario hacia la decisión deseada. En consecuencia, la conducta debe dirigirse a lograr una resolución que pueda implicar algún tipo de beneficio económico, directo o indirecto. Sin embargo, ni la existencia real de ese beneficio ni la emisión de la resolución son requisitos para que el delito se considere consumado”.

Está muy bien esta jurisprudencia. ¿Pero qué hizo Zapatero?

“José Luis Rodríguez Zapatero habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”, se asegura.

¿Cuáles son los contactos personales?

¿Cómo ha quedado acreditada, siquiera indiciariamente, su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración?

Porque hablando en plata: ¿Es mucho pedir que estas afirmaciones que han llevado a la UDEF, a la fiscal Lorente y al juez Calama a concluir que Zapatero es el líder de esta banda de presuntos ladrones o delincuentes -de guante blanco, pero ladrones y delincuentes a fin de cuentas- sean puestas en conocimiento del imputado?

Porque no están en la principal resolución.

Y como esta es el resumen de dos informes de la UDEF que superan los 1.000 folios, cabe inferir que tampoco están allí.

Pues eso, terminamis como empezamos.

Zapatero estás en manos de Julito Martínez Martínez (porque tu mismo así lo has decidido para tu proyecto de consultoria) y de su capacidad de resistir en la expedición de pesca de la Fiscalía Anticorrupción.

En el caso mascarillas o Jessica Rodríguez la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sostenía la importancia del “nexo corruptor” Aldama con la afirmación de que “el que paga manda”.

Aquí no. Aquí el que paga no manda. JMM es el “lugarteniente“ de Zapatero.

Y no al revés.

Por cierto, Jessica también está enchufada en el caso Plus Ultra.

Porque los hermanos Baca del Perú, que hacían negocios con Plus Ultra, según el auto le han pagado 2.000 euros.

Es decir: ¿Aldama también tenía a su presunta “agente” Jess metida en esta trama habida cuenta de que todo lo que se trapicheaba en Venezuela no le era ajeno?

Información publicada en El Periódico

¿Recuerdan la película de Hitchcock?

En ‘The wrong man’ (’Fals culpable’ en catalán, ‘Falso culpable’, en español), uno de los films menos hitchcockianos en el que el mago del suspense no usa su técnica tradicional de suspense, hay un desenlace milagroso.

Manny, el acusado de un crimen que no ha cometido, pregunta a su hijo.

-¿Has rezado?

Hitchcock posa la cámara en el rostro de Henry Fonda.

Está rezando.

Y sobre ese plano se sobreimpresiona otro. Un hombre camina por la calle en la noche, y la cámara nos muestra un rostro que se parece al de Manny-Fonda. Las dos caras quedan superpuestas.

Hitchcock da con el verdadero asesino, detenido al cometer un nuevo atraco.

Manny es, pues, el hombre equivocado.

¿Es Zapatero, como Manny, el hombre equivocado?

El esfuerzo de la UDEF y de la Fiscalía Anticorrupción, por situar de manera indubitada a Zapatero como “núcleo decisor” de una banda organizada de delincuentes que trafican con influencias y blanquean capitales ha sido acogido sin complejos por el juez José Luis Calama Teixeira, titular del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

La entrada del juez Calama es impactante nada más abordar los hechos investigados (página 7).

“En el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel. Desde su oficina de Ferraz -centro de coordinación de la red- se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria. A su alrededor actúan colaboradores de confianza, entre ellos Julio Martínez Martínez, responsable de la captación de clientes y de la gestión operativa de los encargos; María Getrudis Alcázar, encargada de la elaboración y cobertura formal de documentación; y Cristóbal Cano, gestor del entramado societario y de la facturación ad hoc”.

Mira por dónde, 49 páginas más tarde, cuando esperabas, en vano, conocer a Zapatero en acción, esto es, la descripción de que “mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel”, el relato te echa un jarro de agua fría.

“Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas. Este rol se deduce de múltiples evidencias, entre ellas las conversaciones en las que se hace referencia a su capacidad de decisión”.

Y entre la página 56 y la 85, la última, resulta que no queda constancia de “los contactos institucionales y empresariales de alto nivel” anunciados a bombo y platillo en la página 7, después de haber proclamado que Zapatero es el “líder estratégico”.

¿Cómo, por tanto, UDEF, Fiscalía Anticorrupción y juez, han llegado a la conclusión repetida una y otra vez sobre el liderazgo de Zapatero?

Habida cuenta de que “su liderazgo no se manifiesta de forma formal (sic) o pública, como advierte el juez, la narración se apoya en lo que dicen que se supone que se le pide a Zapatero que haga.

Dicen que dicen.

Julio Martínez Martínez, Julito, sería el nexo -el único- entre los dueños y ejecutivos de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra, una empresa que pide, durante la pandemia, un préstamo de 53 millones de euros para salvarse, y Zapatero.

Julito es quien monopoliza la relación con Zapatero.

Julito ha hecho amistad con Zapatero y juntos lanzan una actividad a través de una especie de ‘think tank’ que elabora informes sobre temas geoestratégicos y organiza ‘webinars’, seminarios o conferencias interactivas por internet. Zapatero avizora Análisis Relevante, como una consultora, un proyecto al que ha incorporado a sus dos hijas a través de otra empresa.

Tanto Zapatero, por su lado, como esa empresa creada para respaldar la consultora, y que dirigen sus hijas, cobran durante 2020-2025 alrededor de 1,95 millones de euros por la actividad para Análisis Relevante.

Julito es generoso con Zapatero en las tarifas que abona la consultora.

Sus planes tendrá.

Empresarios preguntados por este diario aseguran haber participado en muchas de estas actividades. Reconocen conocer informes.

Uno de ellos, que prefiere mantenerse en el anonimato, señala: “Fue un intento de emular a lo que hace la agencia 8 con sus informes especiales”.

Otros recuerdan que Zapatero compatibilizaba esta actividad con la de conferenciante. Las ofertas le han llegado desde la principal empresa española del ramo: Thinking Heads.

Y hay quien no olvida, especialmente, actividades en China, donde el expresidente ha impartido numerosos seminarios.

¿Adónde nos lleva esta parte del relato?

A un hecho: el eslabón más débil de la cadena que describe el relato criminal es que Zapatero, teniendo a su disposición todo el andamiaje de la estructura societaria de la llamada boutique financiera, receptora de “mordidas” para la ocultación de los pagos recibidos por sus labores de intermediación -tráfico de influencias- decidiera voluntariamente adjudicarse los fondos contra informes sobre geopolítica para tributar en sede de renta (IRPF) con un elevado coste fiscal al acogerse a una tributación progresiva.

¿No sería más lógico que Zapatero hubiese mantenido las cantidades recibidas remansadas en las sociedades, a reserva, y ocultas al escrutinio público y buscase la fórmula de distribuirlas sin repercusión fiscal, mediática ni judicial?

Porque, según nos cuenta el juez, Zapatero se encontraba en el “vértice” de la organización criminal.

¿Y eso en plata qué quiere decir?

Que era el administrador de hecho de toda la estructura societaria, más allá de los testaferros colocados al efecto.

Si se sigue la lógica delincuencial o criminal, según se prefiera, ¿no era más lógico que Zapatero alejase de sí mismo lo más posible las fuentes de cobro del núcleo de sociedades que recibieron pagos directamente de Plus Ultra y más disponiendo de la capacidad de expandir y constituir a modo de telaraña sociedades deslocalizadas?

Razonemos: ¿se compadece con una organización criminal cobrar directamente de aquellas sociedades mercantiles que han recibido transferencias contaminadas del préstamo que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales?

Lo que dice Julito -Julio Martínez Martínez, el amigo con el que corría- sobre las acciones emprendidas por Zapatero y que los otros socios-ejecutivo susurran de unos a otros, ¿no forma parte de la célebre técnica del ‘name-dropping’ o la alusión a gente importante o instituciones cuando uno quiere reforzar su propia posición de fuerza, lo que suele definirse como ‘leverage’ (apalancamiento o ventaja)?

La UDEF, la Fiscalía Anticorrupción y el juez han forzado extraordinariamente los indicios para poner como líder a Zapatero.

Es lo que podríamos llamar voluntarismo golpista.

Todo el relato, insistimos, consiste en lo que dicen aquellos que suponen, o dan por hecho, lo que hacía Zapatero.

Pero no se menciona una sola acción del expresidente para materializar el tráfico de influencias con aquellos que eran responsables de otorgar el crédito a Plus Ultra.

Que policías judiciales, fiscales y juez crean a aquellos que dicen lo que podía o debía hacer Zapatero para ayudarles es manifiestamente insuficiente.

Permite tejer una trama, pero con apoyo probatorio escaso.

Un periodista especializado en tribunales de un medio de tirada nacional, al reproducir párrafos del auto se refirió el pasado martes al “auto de procesamiento” erróneamente.

Confundió, pues, el auto de imputación con el auto de procesamiento.

Pero el error tiene su miga: ¡es que el auto donde se cita a Zapatero parece un auto de procesamiento!

Y ¿puede saberse por qué en lugar de anonimizar se reproduce en el auto el domicilio particular del expresidente en tiempos de huliganismo provocador de ciertos mal llamados periodistas?

El auto, además, arrasa con la presunción de inocencia al afirmar:

“La amplia difusión mediática y la notoriedad del procedimiento judicial en curso hacen razonablemente presumible que cualquier elemento incriminatorio eventualmente existente habría sido ya retirado, destruido o trasladado, lo que debilita la proporcionalidad y necesidad de la medida restrictiva solicitada”.

El juez asume así que el expresidente ya ha destruido prueba y ello después de rechazar lo que pedían la UDEF y la Fiscalia, a saber una orden de entrada y registro en el domicilio familiar de Zapatero además del registro autorizado en la oficina de Zapatero en la calle de Ferraz, cuya dirección también aparece en el auto.

Y¿por qué no se han borrado las cuentas bancarias de sus dos hijas?

En otros términos: se ha buscado hacer sangre, ir a saco, contra la figura del expresidente, arramplar con todo lo que le rodea.

El daño ya está hecho.

Pero irá a más de aquí al 2 de junio, fecha en que se le ha citado para prestar declaración.

Información publicada en El Periódico

José Antonio Choclán, abogado de Aldama.

“Todas las autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal cuidarán, dentro de los límites de su respectiva competencia, de consignar y apreciar las circunstancias tanto adversas como favorables al presunto reo…"

Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo segundo.

"¿Cuál es la colaboración de Víctor de Aldama en los contratos de venta de mascarillas? ¿Cómo les pagaba a los políticos? ¿Qué mecanismo de desvío de dinero utilizaba?", se pregunta un inspector de la Agencia Tributaria. "Yo no he visto, hasta ahora, esa colaboración que merece la atenuante muy cualificada para evitar que entre en prisión", responde.

La declaración completa de Aldama en el juicio del Tribunal Supremo, relativa a su cooperación mediante la denuncia de supuestos amaños en contratos de obras públicas, así como la de Koldo García sobre las “chistorras” (billetes de 500 euros), se incorporan a las actuaciones de dos piezas en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional: la pieza 8, sobre amaños en adjudicaciones, y la pieza 9, secreta, sobre los pagos en metálico realizados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La abogada Leticia de la Hoz, defensora de Koldo García, sostuvo en sus conclusiones que “confundir los libros de caja de un partido político con la contabilidad oculta de una organización criminal es, en términos estrictamente probatorios, un error de inferencia grave y, en términos jurídicos, una vulneración del derecho a la presunción de inocencia”.

En su declaración, García reconoció que, al hablar de “chistorras”, se refería a billetes de 500 euros, pero en ningún momento afirmó que, al liquidar gastos en la ventanilla del PSOE, se le hubiera pagado con esos billetes, sinónimo de dinero negro.

“Es el propio Partido Socialista el que ha corroborado que la totalidad de los pagos relacionados con la gestión de la Secretaría de Organización eran legales, estaban justificados y respondían a liquidaciones de gastos por caja, con sus correspondientes notas, comprobantes y visados por el responsable de Administración”, concluyó la abogada de Koldo.

En el juicio prestaron declaración, en calidad de testigos, Mariano Moreno, gerente del partido entre 2017 y 2021, y Celia Rodríguez, secretaria en la sede del PSOE.

A la pregunta “¿Les daban ustedes chistorras a Koldo?”, en referencia a los billetes de 500 euros que Koldo García decía recibir por su trabajo, respondió el entonces gerente:

.—La caja del PSOE, la única caja que tiene el partido, estaba dotada con ingresos procedentes de su cuenta de funcionamiento. Se seguía el procedimiento de tesorería: yo solicitaba la cantidad y el banco la enviaba. Nunca pedimos billetes de 500, 200 ni 100 euros.

Celia Rodríguez, secretaria adscrita a la Secretaría de Organización, que gestionó liquidación de gastos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García, declaró que los pagos realizados por el PSOE, tanto en efectivo como mediante transferencia, contaban con respaldo documental en forma de ‘tickets’ o justificantes de gasto.

—Cuando recibía los importes, se los pasaba a Koldo. No sabría precisar a quién correspondía cada gasto. Todas las liquidaciones que yo tramité eran de gastos, con tickets de comida. Nadie me cuestionó ninguno de esos gastos. Yo no tenía que valorar si eran exorbitantes o excesivos.

Son declaraciones de testigos obligados a decir verdad. Aunque los fiscales no las consideren relevantes, al menos podrían incorporarse —como sí se hace con las consideradas pruebas contra reo— a la pieza secreta dedicada a los pagos en metálico en la caja del partido.

Pero la otra gran colaboración que esgrime José Antonio Choclán, abogado de Aldama, la relativa a las adjudicaciones amañadas de obras públicas, ¿qué ha dado de sí?

Estimaciones. Especulaciones judiciales.

¿Seguro?

Veamos.

Al enviar a Santos Cerdán a prisión el 27 de junio de 2025, el juez Leopoldo Puente señaló: “Parece razonable considerar también que Santos Cerdán obtendría alguna clase de beneficio económico para sí y/o para terceros; invita a considerarlo la relación vertical que mantenía con los otros dos [Ábalos y Koldo]”.

Detengámonos un momento. El magistrado, a petición del fiscal Alejandro Luzón y de las acusaciones populares dirigidas por la dirección letrada del Partido Popular, enviaba a prisión a Cerdán. “Parece razonable que Cerdán obtendría alguna clase de beneficio económico”, señala. Hasta ahí podíamos llegar.

El magistrado especula. “Pero es que, además, el botín indiciariamente obtenido representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas”, sostiene.

Y concluye el auto, rematando la especulación: “Por hipótesis”.

“Si el importe del premio económico es el 1 % del valor de las adjudicaciones —porcentaje aún muy contenido por la indebida adjudicación de las obras—, ello hubiera constituido, por hipótesis, y en términos comparativos con otras operaciones semejantes (no infrecuentes, por desgracia), un premio equivalente a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a Ábalos y García. Ello refuerza así la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado de las mencionadas adjudicaciones, eventualidad que no puede ser descartada en este momento”.

Es decir, el magistrado instructor envía a prisión basándose en una hipótesis y en la posibilidad de otros beneficiarios; una hipótesis que, según afirma, “no puede ser descartada en este momento”.

La defensa de Cerdán fue extraordinariamente comedida, por así decirlo, al comentar en su recurso ante la Sala de Recursos las especulaciones del instructor. “Se desprende un claro voluntarismo en la construcción de una hipótesis acusatoria, pero no se llega a concretar cuál es la base que sustenta esta hipótesis en cuanto a las fuentes de prueba”, señaló.

Al mismo tiempo, subrayó la actuación contra reo del juez Puente:

“De la lectura del auto de prisión, y conociendo lo que realmente consta en autos, se desprende la frustración de los investigadores ante el hecho de que el patrimonio de Santos Cerdán no es compatible con la tesis acusatoria. Y esta contradicción fáctica, en lugar de resolverse a favor de la presunción de inocencia de Santos Cerdán, se resuelve en el sentido de presumir que debe existir un patrimonio oculto y que esa ocultación, pendiente de desvelar, es lo que justifica la pretendida medida de prisión provisional”.

Once meses después, cuando la petición del juez a la UCO realizada en aquellos días de junio de 2025 — la entrega de un informe sobre el patrimonio de Cerdán por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil — ni siquiera se ha cumplido, cabe preguntarse: ¿qué sentido tuvo enviarlo a prisión durante seis meses?

Y resulta que ahora Choclán, por un lado, y Luzón, por otro, coinciden en defender que Aldama merece “cobrar”a través de la atenuante muy cualificada, cuando la especulación del juez Puente sobre el supuesto botín de cinco millones de euros ha quedado en agua de borrajas.

Porque si la UCO no ha aportado tal informe se ha podido comprobar que la hipótesis del juez Puente fue una afirmación temeraria plasmada nada menos que en el auto de prisión redactado aquella tarde de verano para dramatizar la adopción de esa privación de derechos fundamentales.

Información publicada en El Periódico.

Alejandro Luzón, Pedro Sánchez y Teresa Peramato.

La cruzada de la Fiscalía Anticorrupción contra el PSOE, anticipada el pasado miércoles por El Periódico, apoyada ahora en afirmaciones de los acusados Víctor de Aldama y Koldo García durante el juicio, no dará tregua durante la elaboración de la sentencia del Tribunal Supremo sobre lo que ya se denomina, caso Jésica más que caso mascarillas, y que se conocerá en el plazo de un mes.

El juicio, que versaba sobre los contratos de mascarillas que permitieron ganar a Víctor de Aldama un total de seis millones de euros —según datos del informe de la Agencia Tributaria— a través de una trama corrupta integrada por él, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, ha sido, en realidad, un macrojuicio potencial.

Un cajón de sastre en el que se ventilaron, además del asunto de las mascarillas —o “caso Jésica”—, otras dos piezas separadas que se instruyen en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional: la pieza número 9, sobre presuntos pagos en metálico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), declarada secreta; y la pieza número 8, procedente del Supremo, relativa a presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública, en la que existiría una trama cuyo “jefe” sería el secretario de Organización del PSOE y diputado Santos Cerdán, quien, asimismo, habría repartido los beneficios ilícitos de dichas adjudicaciones entre Ábalos y Koldo García.

En sus declaraciones, Aldama, a preguntas de su abogado y del fiscal, se explayó sobre la participación de Santos Cerdán en una trama que, según sostuvo el acusado, ya existía en 2015, tres años antes de la llegada del PSOE al Gobierno de España. Según explicó, Pedro Sánchez —entonces secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno en junio de 2015— era el “número 1” de dicha trama. Y, por tanto, cuando Aldama se incorporó a ella, él ocupaba el “número 4”.

Santos Cerdán ha estado, en efecto, muy presente en la orientación del interrogatorio dirigido por José Antonio Choclán, abogado de Aldama, en línea con el pacto alcanzado, en nombre de su cliente, con la Fiscalía Anticorrupción.

Durante el juicio dio la impresión de que las afirmaciones de Aldama formaban parte de dicho pacto y eran esperadas por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Luzón quiso modificar sus conclusiones, elaboradas antes del juicio, para solicitar en un nuevo escrito la aplicación de una atenuante muy cualificada a Aldama, con el objetivo de evitar su ingreso en prisión, dado que cada una de las penas individualizadas solicitadas sería inferior a dos años de cárcel.

Ello significa que las afirmaciones de Aldama durante el juicio fueron consideradas por la Fiscalía Anticorrupción altamente satisfactorias y que colmaron las expectativas con las que se llegó a la vista oral.

Sin embargo, Luzón tuvo que dar cuenta de su propuesta a su superiora, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

¿Conceder una atenuante muy cualificada a un acusado que no solo carga con la causa ya enjuiciada, sino que además está imputado en otra relacionada con el fraude del IVA de las gasolinas, que ya asciende a 210 millones de euros, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil?

¿Y rebajar el escrito inicial de la Fiscalía Anticorrupción, que ya consideraba que una petición de siete años de cárcel era una recompensa a la cooperación del acusado —calificado por la UCO como “el pagador” y “el nexo corruptor”—, mientras se solicitaban penas de 19 años para Koldo García y 24 años para José Luis Ábalos?

¿Facilitar que no ingrese en prisión después de haber sostenido durante el juicio, sin aportar prueba alguna, lo que lleva afirmando desde hace año y medio en platós de televisión: que Pedro Sánchez era el “número 1” de la trama?

Peramato, finalmente, se opuso a la rebaja.

No obstante, el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal permitió a Luzón —aunque obligado a ajustarse a las instrucciones de la fiscal general del Estado en su escrito de conclusiones— desarrollar libremente su intervención oral “en lo que considere conveniente para el bien de la justicia”.

Y así lo hizo.

Habida cuenta de que la Sala Penal del Supremo es la misma que condenó al predecesor de Peramato, el fiscal Álvaro García Ortiz, la propuesta oral de Luzón en el juicio a favor de la atenuante “muy cualificada” para Aldama podría tener más peso para el tribunal que el escrito de calificación no modificado.

Eso sí: no podía quedar sin respuesta la afirmación que —“con desahogo”, según Luzón— realizó Aldama sobre Pedro Sánchez.

Por ello, el fiscal jefe afirmó que “Sánchez no era el número 1 de la organización; el jefe era Ábalos”.

El mismo miércoles 6 de mayo, mientras se desarrollaba la última sesión del juicio en el Supremo, la Fiscalía Anticorrupción remitía al juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, una solicitud para incorporar a la pieza separada la declaración de Aldama, “haciendo manifestaciones que guardan relación con el objeto del presente procedimiento y, principalmente, con la pieza número 8, incoada tras testimonio procedente del Tribunal Supremo en su causa especial 20775/2020, para investigar la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes”.

Esta causa pasó a la Audiencia Nacional cuando Ábalos renunció a su escaño de diputado y, por tanto, a su aforamiento.

Luzón pretende dar impulso a esta pieza.

Ahora bien, conviene señalar que el juez Leopoldo Puente solicitó en junio de 2025, tras enviar a Santos Cerdán a prisión, un informe sobre el patrimonio del ex secretario de Organización del PSOE.

Sin embargo, la UCO, casi once meses después, tiene pendiente entregar dicho informe.

VNo es ocioso recordar que, según el juez Puente, Cerdán sería el jefe de una trama en la que podrían haberse ingresado —según afirmó en el auto de prisión por el que enviaba a prisión a Cerdán en junio de 2025, cinco millones de euros.

Asimismo, este miércoles 6 Anticorrupcion solicitó que el juez reclamara al Supremo la incorporación a la pieza 9, declarada secreta, de las manifestaciones de Koldo García, “en las que se refiere a la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del Partido Socialista Obrero Español”.

El escrito: “Dado que tales declaraciones podrían aportar datos hasta ahora desconocidos, se considera de interés para los hechos investigados que sean incorporadas a las diligencias previas 65/23”.

El interés de Luzón se centra en las “chistorras”, término con el que Koldo García se refería a los billetes de 500 euros.

El acusado había negado durante la instrucción que él se refería con chistorras a dichos billetes.

Sin embargo, durante su declaración en el juicio cambió la versión y admitió que así era.

El término procede de la época en la que el acusado colaboraba con la Guardia Civil en Navarra.

vLuzón se dispone ahora, sin pausa, a vincular las “chistorras” con los presuntos pagos en metálico del PSOE, que hasta el momento no habían arrojado indicios de blanqueo de capitales ni de una supuesta caja B.

El juez Moreno firmó dos días más tarde, el viernes 8 de mayo, una providencia dirigida a la Sala Penal del Supremo en la que solicita el envío de las declaraciones de Aldama y Koldo García.

Es evidente que el fiscal Luzón tiene prisa.

No ha querido esperar a que el tribunal encargado de juzgar el caso mascarillas - “caso Jésica”— haga su valoración sobre dichas declaraciones en la sentencia que dictará dentro de aproximadamente un mes.

Luzón ya las ha valorado. Y por ello solicitó la atenuante muy cualificada para Aldama.

Información publicada en El Periódico.

“El camí del calvari judicial de Pedro Sánchez serà intens. Veient el discurs del lletrat de Víctor de Aldama en el judici de les mascaretes, on ha esbossat tot el que anirà passant a l’Audiència Nacional els pròxims mesos, unit a les intencions del fiscal Luzón, que ha demanat rebaixar la petició de pena a Aldama, preveig que entrarem en l’etapa més intensa a nivell judicial contra el PSOE i Sánchez”. Així ho ha explicat al Versió RAC1 de Toni Clapés el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer.

Segons diu, el fiscal Luzón va mantenir dimarts unareunió amb la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, on va proposar rebaixar encara més la condemna a l’empresari Víctor de Aldama. Això per haver col·laborat amb la Fiscalia en el judici de les mascaretes —on ha declarat contra José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García—. Aldama ha assegurat que ell era el número 4 de la trama i que Pedro Sánchez era el número 1.

“Peramato li ha hagut de recordar que s’acusa Aldama de delictes molt greus i que encara té altres causes pendents; rebaixar-li la pena, seria, per tant, donar-li un premi encara més gran i assumir, com diu, que Sánchez estava al capdavant de tot”, opina Ekaizer.

L’actitud de Luzón, però, fa pensar al periodista que d’ara endavant, i fins que se li acabi el mandat a l’Audiència Nacional, dedicarà les causes que encara li queden per instruir a atacar el president espanyol.

Pel que fa al jutge Juan Carlos Peinado, que aquesta setmana ha rebutjat els recursos contraris a fer seure la dona de Sánchez, Begoña Gómez, al banc dels acusats, el periodista destaca que ha copiat una frase que ja havia utilitzat en una resolució antiga: “Diu que s’investiguen fets que provenen de palaus presidencials més propis de règims absolutistes com el de Ferran VII”. Això, remarca, és significatiu: “Peinado s’ho pren com una croada contra una dictadura”.

Ekaizer considera que un cop s’hagi dictat sentència del cas de les mascaretes —que “coneixerem a principis de juny”—, s’entrarà en l’etapa més dura a nivell judicial contra la Moncloa.

Sobre el conflicte a l’Iran, Ekaizer considera que està suposant una derrota en tota regla de Donald Trump. “La situació ara és pitjor que la d’abans de la guerra, perquè qui mana és l’ala més dura de la Guàrdia Revolucionària que, a sobre, té el control de l’estret d’Ormuz. A més, l’alto el foc es prorroga indefinidament i ara el que farà és disfressar la seva derrota, que no té pal·liatius, però que paguem tots”, conclou.

En la sesión de conclusiones que tuvo lugar en la Sala Penal del Tribunal Supremo este miércoles, día 6 de mayo, han estado presentes todas las piezas que permiten entender lo que ha ocurrido desde noviembre de 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió la excarcelación de Victor Aldama y, sobre todo, lo que va a acaecer con las causas pendientes en la Audiencia Nacional.

Están reunidos los elementos uno de los dramas que se escriben para lo que queda de legislatura.

Los otros elementos están a cargo de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid y del Juzgado de Instrucción 41, cuyo titular, Juan Carlos Peinado, ha reafirmado su posición favorable a enjuiciar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en un auto en el que repite su argumento para desestimar los recursos contra su resolución anterior y seguir la causa por tribunal de jurado, porque se investigan “hechos que provienen de palacios presidenciales, más propios de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizá hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII)”.

El hecho no es que el juez Peinado se haya limitado a repetir partes de su auto anterior, el del pasado mes de abril, sino que él mismo haya escogido cuidadosamente ese párrafo.

A saber: el Gobierno de Pedro Sánchez es un régimen absolutista. Como pasa con el Irán de los ayatolás no se le llama Gobierno, sino régimen.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en la dación de cuenta que le hizo el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, sobre el escrito definitivo que debía presentar en el juicio de José Luis Ábalos, Víctor Aldama y Koldo García, en aplicación del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se opuso a que se hiciera una modificación de la pena solicitada de siete años de prisión —pena que ya suponía un premio a su presunta colaboración— por considerar que los delitos que cometió —la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) lo ha definido como el “nexo corruptor” y el teniente coronel Antonio Balas dijo de Aldama que “el que paga manda”— son graves.

Luzón acató la instrucción de la fiscal general del Estado, pero no dudó en usar la prerrogativa que le confiere el artículo 25:

“El fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes, pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia”.

Luzón, pues, sin modificar, como deseaba, las penas para que, una vez condenado, Aldama pueda seguir fuera de la cárcel, hizo una contundente defensa de su “modelo” para este caso —que es simplista llamarlo el de las mascarillas, porque esos contratos de compraventa son solo pequeños tumores de la pretendida metástasis de la corrupción que describe Aldama— y que consiste en dar un trato “a la americana”, por así decir, al “nexo corruptor”.

Pero es muy probable que Peramato también le hiciera notar su conducta pasiva durante la declaración de Aldama, cuando este aseguró, sin cortapisas y como colofón del espectáculo, que el presidente Pedro Sánchez era el número uno de la organización criminal de la que Aldama formaba parte con Ábalos y Koldo, asunto que no era objeto de enjuiciamiento.

O, más precisamente, habida cuenta de que Luzón, Choclán y Aldama van de la mano, el silencio del fiscal podía ser interpretado como un asentimiento a lo que había proclamado Aldama.

Más precisamente: el fiscal estaria pidiendo una atenuante muy cualificada para un acusado que ha dicho que el presidente Sánchez es el número uno de la organización criminal. Si no se marca distancia, parece que se le está premiando también por incluir al presidente del Gobierno.

De ahí que el fiscal aprovechara sus conclusiones para desmarcarse y afirmara que Aldama había dicho en su “desahogo” (sic) que Sánchez era el número uno y que eso, claro, no es cierto.

Pero he aquí lo relevante: Luzón defiende “la recompensa a quien sale del entorno criminal y lo denuncia”; es “esencial para combatir la corrupción y que no se imponga la ley del silencio”.

Es decir, la omertà, el código de la mafia siciliana que prohíbe cooperar con las autoridades.

Pero, veamos: ¿ha denunciado los hechos Aldama antes de que una entrada y registro en su domicilio incautara documentos y terminara ingresado en prisión?

No.

¿Ha confesado el delito antes de que comenzara el procedimiento penal? No.

Se hace énfasis en aplicar a Aldama penas individualizadas no superiores a dos años para evitar su entrada en prisión. Se pasa por alto el hecho de que, según el Código Penal, todas las condenas deben ser sumadas.

Y que solo “excepcionalmente” podrá concederse la suspensión si ninguna de las penas por cada delito alcanza los dos años.

El punto 3 del artículo 80 del Código Penal: “siempre que no se trate de reos habituales”.

¿Es el caso de Aldama? ¿No está acusado en otros procedimientos?

En realidad, está acusado en un caso de evasión del IVA, el llamado caso hidrocarburos, que empezó por 183 millones de euros y que, según la UCO, ya se eleva a 210 millones.

Se dirá: pero a efectos legales se considera reo habitual a quien comete tres o más delitos en un plazo no superior a cinco años y haya sido condenado por ellos.

Con todo, el caso de la evasión del IVA en la venta de combustible es muy serio.

Y Aldama no se ha salido de él.

La colaboración de Aldama con el juez Santiago Pedraz brilla por su ausencia y, según la UCO, el “nexo corruptor” tiene un patrimonio oculto fuera de España de 73 millones de euros.

Por tanto, el fiscal Luzón está forzando la norma penal en su “modelo” importado de Estados Unidos.

Ahora bien, fue José Antonio Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional y abogado de Aldama, quien trazó al exponer sus conclusiones en el Tribunal Supremo lo que podríamos llamae el “plan de trabajo” de lo que será la actividad de Luzón durante lo que queda de legislatura.

Choclán habló de la financiación ilegal del PSOE, muy presente en este llamado caso de las mascarillas aunque no fuese objeto del mismo; citó varias veces a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y aludió al caso de obras presuntamente amañadas que Aldama destapó, todo ello para reivindicar que su cliente merece la atenuante muy cualificada.

Y la instrucción de las futuras piezas va en la dirección que apunta Choclán, aspectos que ya han aaparecido en passant en el juicio de las mascarillas.

Ahí están las declaraciones de Aldama y de Carmen Pano, la empresaria que dijo en el juicio, asistida por el letrado, el exjuez de lq Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, haber llevado a la sede del PSOE en Ferraz 45.000 euros en dos ocasiones, es decir, 90.000 euros, aunque sin saber a quién se los entregó.

Luzón se encamina a citar al PSOE en calidad de imputado al entrar próximamente en su último año de mandato de fiscal jefe de Anticorrupción.

Sus cinco años vencen en octubre s de 2027.

Lo dedicará, por tanto, a seguir las pistas que le aportará -o han aportado ya Aldama y Choclán-, como pot ejemplo, el “sobre” que Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela, presuntamente envió a España, y que, según Aldama, provocará la caída de Sánchez porque prueba la financiación ilegal, con cargo al petróleo venezolano, del PSOE y de la Internacional Socialista (PS).

Luzon ya tiene ese “sobre” que Aldama entregó a mediados de marzo pasado al juez Ismael Moreno, titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Cabe suponer que si Luzón ha valorado tan positivamente la colaboración de Aldama es porque “el sobre atómico” que este ha entregado es una pieza clave eb el jaque mate que vaticina el llamado “nexo corruptor” al presidente Sánchez.

A juzgar por los apoyos de Alberto Núñez Feijóo a la reducción de pena para Aldama que ha defendido Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción difícilmente tendrá rivales una vez que cambie el “régimen” -ya sea por caída “accidental” o por elecciones- para convertirse en el futuro fiscal general de Estado al finalizar su actual mandato el 5 de octubre de 2027.

Información publicada por El Periódico

La jueza Teresa Palacios, entre los magistrados Caballero y Ramis.

La jueza Teresa Palacios, presidenta de la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, elaboró la ponencia que ha llevado al tribunal a condenar a pena de prisión de 3 años y medio de cárcel al entonces -2016- comisario en activo José Manuel Villarejo.

“El Tribunal ha llegado al convencimiento, sin fisura alguna, de la autoría en la recepción por el acusado [José Manuel Villarejo] de la información guardada en la tarjeta del teléfono de Dina [Bousselham] que entregó una vez en su poder a sendos medios digitales. [Hubo] una sola copia de la tarjeta de la que se dispuso y que entregó al acusado, siendo por ende la que exclusivamente podía ponerse en circulación”, razona la sentencia.

“Tal como destacó el Ministerio Fiscal y los letrados de las dos acusaciones particulares, se está ante hechos cuya base probatoria no es directa sino a través de la prueba de indicios, los cuales han sido explicitados ampliamente conformando el iter por la suma de los datos referidos y el resultado de los mismos, alcanzando el tribunal la convicción exigida en orden al pronunciamiento condenatorio solicitado por las acusaciones respecto de José Manuel Villarejo”, explica para entender la metodología aplicada para llegar a la condena de Villarejo.

La prueba de indicios ha exigido un trabajo exhaustivo de descarte de los obstáculos puestos por la defensa de Villarejo y la colaboración con ella de los periodistas beneficiarios de las informaciones que les proporcionó. Vamos, Teresa Palacios ha tenido que usar la lupa de Sherlock Holmes.

Esos periodistas de dos medios digitales negaron en el juicio que Villarejo les entregara material extraído de un pendrive que él mismo preparó y que fue hallado en el registro de su domicilio el 3 de noviembre de 2017 y atribuyeron a fuentes internas de Podemos esas informaciones, que, en realidad, desacreditaban a toda la organización.

En cambio, esa prueba de indicios para desentrañar las filtraciones a los medios digitales no fue necesaria para saber quién aportó a Villarejo el pendrive con los datos del teléfono de Dina Bousselham.

Porque en primer lugar,fue el propio presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, quien le entregó la tarjeta a Pablo Iglesias en enero de 2016 que había llegado a la redacción de la revista Interviú.

Y mira por dónde, periodistas del mismo grupo confeccionaron un pendrive con los datos de la tarjeta y se lo entregaron más tarde a Villarejo, quien a su vez hizo otra copia y los difundió.

Los dos periodistas que le aportaron el pendrive, de motu propio-Villarejo era de facto colaborador en muchas “exclusivas” de la revista- fueron perdonados por Pablo Iglesias en el juicio oral y, por tanto, se han salvado de esta sentencia, según queda expresamente relatado.

Porque si hubiesen seguido como acusados el resultado sería parecido al de Villarejo habida cuenta de que su colaboración fue decisiva.

La sentencia aclara que Villarejo no tenía el cometido de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, donde estaba adscrito, bajo el mando del director, Eugenio Pino, de investigar las actividades de Podemos.

La pregunta - que la sentencia no aborda- es esta: por qué quería desacreditar Villarejo a Podemos. ¿Por cuenta de quién?

La clave esta en los múltiples audios que Villarejo grabó sobre sus encuentros y conversaciones con la secretaria general del Partido Popular, Maria Dolores de Cospedal.

Si se escuchan las múltiples conversaciones de Villarejo es evidente el motivo de la conducta de Villarejo al tener acceso al material secreto e íntimo de Dina Bousselham: destruir a Podemos.

Villarejo no actuó en calidad de comisario, por así decir, pero tampoco por su exclusiva cuenta.

Por un lado, Eugenio Pino estaba ya en una campaña de desprestigio de Podemos en 2016 desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía (informe PISA mediante)

Pero, como se ha señalado, Cospedal le pidió que trabajase activamente contra Podemos.

La sentencia del tribunal elaborada por Teresa Palacios debería ser examinada por los profesionales del periodismo. Una sentencia que supone una clara derrota para aquellos periodistas y medios que han convivido firmando cómodamente informaciones que les regalaba “en exclusiva” Villarejo.

La jueza Palacios pone el dedo en la llaga de la cama redonda de periodistas y policías que ha campado por sus respetos en este país.

Información publicada en El Periódico

El delito de organización criminal imputado a la familia Pujol es una ficción: «Pasará a la historia como parte de la operación política contra el proceso»

“L’exministre Jorge Fernández Díaz i el comissari José Luis Olivera, en aquell moment cap del CITCO (el Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat) van fer una oferta al més pur estil El padrí a Manuel Morocho, aleshores inspector en cap de la UDEF (Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera) per apartar-lo del cas que investigava el finançament irregular del PP“. Tot i això, no se’n van sortir.

Així ho ha explicat al Versió RAC1 de Toni Clapés el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer, que està seguint el judici del cas Kitchen, relacionat amb l’operació policial il·legal per robar informació que comprometia el PP a Luis Bárcenas.

“Tot i les ofertes que li van fer perquè passés a ocupar grans càrrecs a l’estranger, Morocho, amb un parell, les va rebutjar totes”. Segons relata Ekaizer, mentre investigava la trama Gürtel, l’agent Morocho va descobrir l’operació per robar informació a l’aleshores tresorer del partit. En aquell moment, va comunicar-ho al seu superior, però davant la seva sorpresa, aquest va explicar-ho a la cúpula del PP.

“En els primers passos de la investigació de Gürtel, Morocho i el seu equip descobreixen en un document per primer cop que les sigles L.B. corresponen a Luis Bárcenas (una prova molt important). Ell ho comunica al seu cap, Olivera, i aquest ho trasllada a María Dolores de Cospedal“.

Ekaizer es mostra perplex: “Olivera ho explica amb tota naturalitat. És impressionant!”.

Tot i això, el periodista destaca que la jutgessa entén perfectament els intents de les defenses per desacreditar Morocho en ple judici: “Fins ara ha sigut un mal negoci per a les defenses, perquè com més l’ataquen amb qüestions irrellevants, més detalls dona”.

Ekaizer destaca que els dos grans protagonistes de la investigació Gürtel (Morocho i el jutge Pablo Ruz) han acabat rellevats en destinacions de molt poca transcendència.

“Morocho ara és un policia ras a una comissaria d’un districte de Madrid i el jutge Ruz, a qui el PP es va carregar, treballa com a jutge d’instrucció a Móstoles. Increïble”, diu Ekaizer.

L’acusació contra la família Pujol acabarà en paper mullat

Presumpta organització criminal

Per altra banda, el periodista dona per fet que l’acusació d’organització criminal contra la família Pujol (que també s’està jutjant aquests dies) acabarà en paper mullat: “Es va fer servir en el seu moment per atacar l’independentisme, però no funcionarà”.

Segons diu, l’acusació per aquest delicte és una barbaritat. “Passarà a la història en el marc d’una operació política que es va posar en marxa a Catalunya pel procés”, considera.

El cas Pujol es va fer servir per atacar l’independentisme i passarà a la història com a tal

Sobre això, ha tret ferro al fet que fessin viatjar l’expresident Pujol a la capital espanyola per verificar si estava en plenes capacitats per declarar. “L’Audiència Nacional no volia passejar-lo o exhibir-lo per Madrid, però per treure’l de la causa (després d’haver rebut els informes que acreditaven el seu deteriorament cognitiu) havia de veure’l personalment abans de prendre la decisió definitiva”, conclou.

Ekaizer recorda que el cas d’un dels germans, Oleguer, ja va quedar arxivat pel jutge Pedraz, i en canvi qüestiona el paper de dinamitzador que reivindica Jordi Pujol Ferrusola per als seus negocis.

Nunca hagas una pregunta a un testigo en el juicio cuya respuesta desconozcas, dice un célebre adagio judicial.

El objetivo reconocido, al menos por el abogado del excomisario José Luis Olivera —el entonces jefe de la UDEF que le pasaba información a María Dolores de Cospedal—, es minar la credibilidad del inspector Manuel Morocho, la enciclopedia viviente de la investigación de Gürtel, que el Ministerio del Interior y el Cuerpo Nacional de Policía intentaron sabotear a través de la operación Kitchen, de obstrucción a la justicia y de salvación de Mariano Rajoy y del PP cuando solo lleva un año en el Gobierno.

Tras el turno de las acusaciones llegó este jueves el de las defensas de los diez acusados para interrogar al jefe de la investigación del caso Gürtel en calidad de policía judicial: Manuel Morocho, inspector jefe del Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Al escuchar las primeras preguntas del letrado del comisario José Luis Olivera, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, señaló que ya veía por dónde iba.

-Usted pretende cuestionar la credibilidad del testigo…

“Por supuesto”, dijo el letrado.

Y para esta labor - tras las revelaciones de Morocho en el juicio de Kitchen el pasado miércoles 29 de abril sobre las actuaciones de Olivera-, la defensa del comisario pretendía mostrar contradicciones en el testimonio, poniendo de relieve, pese al relato del testigo las buenas relaciones personales entre ambos.

-—¿Visitó usted al señor Olivera cuando estaba hospitalizado después de una operación? - preguntó el letrado

-No -dijo Morocho.

Sorprendido, el letrado:

—¿No le visitó?

—No.

Escenas parecidas tuvieron lugar respecto a una condecoración del Ministerio del Interior al inspector Morocho, para la que estaba propuesto, sí, pero la que finalmente no se le concedió.

Si podía parecer que, como testigo del Ministerio Fiscal y de las acusaciones populares, la declaración de Morocho había dado grandes titulares y dificilmente cabrían sorpresas, dicha creencia se disipó este jueves 30 de abril por la mañana.

Porque Morocho explicó que, en realidad, la campaña de los altos cargos policiales para desarmar la potencialidad de la investigación de Gürtel había empezado en 2007, nada más iniciadas las indagaciones en la Fiscalía Anticorrupción.

Y que continuaron algo más tarde durante la instrucción del primer juez de Gürtel en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón.

Morocho, en su descripción, a preguntas de los letrados, mostró que lo que luego se iba a metamorfosear en Kitchen, entre 2013 y 2015, mientras se investigaba Gürtel, ya había empezado con el marcaje que los mandos policiales hicieron del juez Pablo Ruz, en comisión de servicios en el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional, y de él mismo como jefe de la Policía Judicial en la causa, por designadción de Ruz.

Una oferta que no podía rechazar…

Narró Morocho que a la oferta que, teóricamente, según pensaban Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, y José Luis Olivera, director del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) no rechazaría —ocupar un puesto mejor remunerado en Lisboa o el de agregado en la embajada en Pekín— se unió más tarde una nueva propuesta: instalarse en Guatemala como integrantes de una delegación de Naciones Unidas.

Mientras investigaba junto con Ruz la caja B del PP, trasladaron a Morocho a la DAO (Dirección Adjunta Operativa) y su director, Eugenio Pino, le ofreció el puesto en Guatemala.

Pino dejó la negociación de esa oferta en manos del jefe directo de Morocho.

Fue este quien le advirtió de que no se le podía garantizar su asistencia a los próximos juicios de corrupción del PP en España para ratificar los informes que su unidad había elevado durante la investigación porque en adelante dependería de la ONU.

«¿Pero usted sabe quién soy yo?» le dijo Morocho.

Es decir: tenía que estar presente en los juicios de Gürtel y de los papeles de Bárcenas.

Morocho explicó que hubo informes de análisis sobre comisiones rogatorias que daban cuenta de la fortuna y sociedades de Barcenas en el extranjero que «se quedaron sin hacer».

También describió la «desbandada» del grupo de investigadores que dirigía, provocada deliberadanente a través de ofertas a miembros de su grupo que hicieron los comisarios de la operación Kitchen.

Sintonía acusados & Rajoy

Los abogados de los acusados han intentado justificar Kitchen en la línea de la testifical de Mariano Rajoy: fue una operación para localizar, a través de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, los fondos y testaferros del extesorero del PP.

Si Rajoy asumió, pues, el conocimiento de esa operación, a la que consideró plenamente legal, Morocho la ha desmontado.

La operación Kitchen en 2013 no buscaba el dinero y los testaferros de Bárcenas, porque ya estaban localizados gracias a las cuentas bancarias enviadas por las autoridades suizas en diciembre de 2012.

Esa búsqueda fue objeto de las comisiones rogatorias enviadas por los jueces Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional en 2009 y Francisco Monterde en el Tribunal Supremo en 2010 (Bárcenas retenía su escaño de senador por Cantabría)

Lo que sí buscaban los políticos y policías, como sabuesos, eran los documentos y audios que, según temían, había atesorado Luis Bárcenas.

Y ello para obstruir la labor de la justicia y prevenir su utilización por Bárcenas con el fin de chantajear al PP con provocar la caída de Rajoy, que llevaba en enero de 2013; apenas un año de gobierno.

«Hacemos lo que podemos significa que hacemos lo que podemos», explicó Rajoy en sede judicial sobre su respuesta a un correo de Bárcenas en los primeros meses de 2013.

¿Qué hacía el gobierno de Rajoy y el PP?

Preparar el relevo del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional y sabotear al inspector Morocho.

¿Cómo?

El juez Ruz estaba en comisión de servicios en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Eso implicaba que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía renovar cada seis meses esa comisión de servicios.

En julio de 2013, a la vista de la investigación judicial de Ruz, el gobierno y el PP bajaron el pulgar: Ruz debía dejar el juzgado.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, Carlos Lesmes, acordaron la “última” renovación del mandato de Ruz por seis meses.

Y, en efecto, ejecutaron el pacto en diciembre de 2013, cuando todavía había que seguir investigando.

Desde el CGPJ se buscó “colocar” un juez adictos en el juzgado que dejaba Ruz. Pero esa operación fracasó y finalmente al gobierno y al PP les salió el tiro por la culata. El juez José de la Mata se hizo cargo del juzgado y de la investigación pendiente.

Ni Ruz ni Morocho—ni la fiscal Conchita Sabadell— tenían precio.

Ruz sigue su actividad en un juzgado de Móstoles y Morocho en una comisaría de Madrid después de haber sido enviado a Jaca.

Conchita Sabadell sigue en la Fiscalía Anticorrupción.

Información publicada en El Periódico.

Comisario José Luis Olivera, desde la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera), envió a la secretaria del PP, Cospedal, el fax de confirmación de que L.B. era Luis Bárcenas, el tesorero nacional del PP, en la primera fase de investigación de Gürtel.

«Sé demasiado. Ese es mi problema. Ese es el problema de todos nosotros y de todo el programa: sabemos demasiado. Demasiado sobre los demás; demasiado sobre nosotros mismos».

El hombre que sabía demasiado
G. K. Chesterton, novela, 1922.

No fue uno de los suyos, es decir, uno de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía y del Ministerio del Interior, primero en el caso Gürtel y después en Kitchen. Y ese fue su pecado. El inspector de policía de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Manuel Morocho, que actuó en calidad de policía judicial con los jueces de la Audiencia Nacional, es el hombre que sabía demasiado. Su jefe de aquella época, José Luis Olivera, lo «supervisaba» y filtró información a María Dolores de Cospedal sobre las investigaciones judiciales y, más tarde, desde otro puesto, trató de que Morocho le siguiera enviando informes antes de que al juez. Y , finalmente, intentó quitárselo definitvamente de en medio a través de una oferta que no podría rechazar.

¿Cómo?

Con una oferta que el ministro Jorge Fernández Díaz y el comisario Olivera —en aquel momento jefe del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado)— creían que Morocho no podría rechazar: un puesto en Lisboa o… Pekín, en la embajada que quisiera, mucho mejor remunerado.

Morocho rechazó esa oferta. Según ya dijo en instrucción el inspector, mientras Olivera le formulaba la propuesta, en una cafetería, sonó su teléfono móvil y el comisario dijo: «Sí, ministro, estoy con él».

Esto es, según Morocho, Olivera quería dar jerarquía a la oferta, y así se lo manifestó.

Y, según dijo este miércoles en el juicio, nunca le envió ningún papel a Olivera, es decir, al CITCO.

Por algo sería. Y así había sido.

Porque cuando era su jefe en la UDEF, Olivera, nada más recibirse una información secreta, se la transmitió a María Dolores de Cospedal.

Eso ocurrió cuando, en una primera fase de la investigación de Gürtel, se descubrió la identidad de una persona sobre la que se estaba indagando. En un fax secreto de una operación de la trama, la sigla L. B. era identificada en un correo como Luis Bárcenas, el tesorero nacional del Partido Popular.

Olivera fue informado en la UDEF sobre ello y envió el fax a Cospedal, quien, por otra parte, mantenía una línea de contacto permanente con el comisario José Manuel Villarejo desde 2009, un hecho probado.

Fue el propio Olivera quien se lo dijo, para la perplejidad de su entonces subordinado, el inspector Morocho: «Se lo he enviado a Cospedal y lo guarda en una caja de seguridad», manifestó Olivera.

Cospedal queda como lo que fue: una lideresa en Gürtel y Kitchen. No como la persona que ella interpretó, con dotes de actriz, la semana pasada en el juicio.

Morocho explicó quién supervisaba cada uno de sus informes, según supo por el sucesor de Olivera en la UDEF, el comisario Manuel Vázquez: «El policía Andrés Gómez Gordo visa tus informes», le dijo un día Vázquez.

«Cospedín» o «Andy». Así llamaban en la banda Gürtel-Kitchen al inspector Andrés Gómez Gordo, quien, a partir de 2011, había solicitado una excedencia en la Policía para ir a trabajar con Cospedal en la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Pero desde allí, precisamente, bajo el mando directo de Cospedal, participaba en Gürtel y en Kitchen, dos operaciones gemelas. «Cospedín» intentó que Morocho admitiera en su equipo a un colaborador suyo, es decir, introducir un espía.

Sería, precisamente, lo que le tocó hacer en Kitchen: captar a Sergio Ríos, que carecía de empleo, para hacer de chófer de Luis Bárcenas y de su familia, con cargo a 2.000 euros mensuales pagados de fondos reservados; pagos al confidente que el coronel Diego Pérez de los Cobos, según su testimonio de este martes pasado en el juicio, no recuerda.

Fue Morocho quien se dio cuenta de Kitchen antes de llamarse Kitchen. Y después de que la operación se hubiese desarrollado.

Eso sucedió en 2015. Un 20 de agosto de 2015 recibe en su correo una comunicación de mayo de 2015. La banda Kitchen cuelga para encubrir la actividad delictiva un documento genérico en el GATI (Grupo de Análisis de Información de la Policía Nacional). De allí, bien lo saben los instigadores, se cursa la comunicación al UCIC (Unidad Central de Inteligencia Criminal) y, claro, como Morocho es el investigador jefe de la unidad que investiga Gürtel, se lo envían a su correo.

Pero aquí, en este parte informativo, solo se dice que se “adjunta una nota informativa sobre Luis Bárcenas”. Lo firma Andrés Gómez. Se supone que es el inspector Gómez Gordo.

Será mucho más tarde que a través del juzgado 5 de la Audiencia Nacional que se le requerirá al número 6 los datos secretos de esa “nota informativa” . Y ahí aparecen los seguimientos a la familia de Bárcenas y su entorno.

Vamos, Kitchen.

Morocho narró cómo, además de coaccionarle a él, los gerifaltes de la Policía —no «cloacas» o “parapoliciales”, como dice el mantra— toreaban a los jueces de la Audiencia Nacional.

El informe sobre Jesús Sepúlveda y Ana Mato, ministra de Sanidad del gobierno de Rajoy, estuvo terminado en diciembre de 2011, ¡pero no se envió al juez Pablo Ruz hasta abril de 2013!

El Morocho que hemos visto este miércoles 29 de abril y que continuará hoy jueves 30, ha sido el superviviente de Gürtel y Kitchen.

El juez Ruz había advertido algunos hechos que anticipaban la operación Kitchen en 2012 como las gestiones de la jefa de gabinete de la vicepresidenta del gobierno, María Pico, amiga de Bárcenas, para que el director de la Policía, Ignacio Cosidó, ordenase revisar un informe que identificaba a Luis Bárcenas como Luis el cabrón en la jerga de la banda de Francisco Correa, cuyo apellido en alemán, Gürtel, bautiza el caso.

Cosidó delega en los comisarios José Luis Olivera y Manuel Vázquez, quienes se reúnen en la cafetería restaurante Milford, en la madrileña calle de Juan Bravo con el abogado Alfonso Trallero, que representaba a Bárcenas. Les expone que Luis el cabrón no es Bárcenas sino otra

En abril de 2013, la conducta del PP ante la investigación lleva a Ruz expulsarle del procedimiento en el que el partido esta personado como acusación popular.

En un auto de 20 páginas el juez considera que algunas actuaciones concretas del PP en la causa “vienen en la práctica a contradecir” el planteamiento de que el partido “no tiene otra intención que colaborar activamente con la investigación”.

El magistrado cita una decena de actuaciones en los que los representantes del PP en la causa, supuestamente acusadores, actúan a favor de imputados como el extesorero Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o el exdiputado Jesús Merino. Según Ruz, esta forma de proceder “no resulta congruente”.

El PP decide acabar con el instructor y pone en marcha la operación en julio de 2013, al renovarle la comisión de servicios por seis meses. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, consuman la operación «acabar con Ruz» con sangre fría.

En diciembre de 2013, sabiendo lo que era su final, Ruz, ante la negativa del PP a cumplimentar los requerimientos de información sobre las obras de rehabilitación de la sede de Génova, envió allí una comisión judicial la noche del 19 de diciembre.

Después de catorce horas, se llevaron ingente documentación.

Morocho sigue en activo en una comisaría de Madrid como asesor jurídico (su profesión es la de economista) y Ruz es titular de un juzgado de Móstoles, tras serle cancelada su comisión de servicios en la Audiencia Nacional en diciembre de 2013.

Durante su comparecencia testifical de este miércoles Morocho recordó algo que ya narró en instrucción.

Y es que el director adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, le presenta un día al comisario Enrique García-Castaño alias El Gordo o Big en la banda. Era el jefe de la UCAO, la Unidad de Apoyo de la Acción Operativa de la Policía, el hombre de los artilugios para espiar, hacer seguimientos, intervenir teléfonos…

García Castaño, al verle, dice:

-¿Tú por aquí? Tendrías que estar muerto.

“Y yo me di la vuelta y me marché”, dijo Morocho en la sala de juicio.

Información publicada en El Periódico

Fuentes judiciales sitúan ahora en el mes de junio la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales elevadas en relación con la ley de amnistía, lo cual arrastrará a después del verano la resolución en el Tribunal Constitucional de los siete recursos de amparo ante la decisión del Tribunal Supremo de denegar la amnistía al delito de malversación.

El pasado mes de marzo de 2026, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anunció que el 14 de abril fallaría sobre la situación de los funcionarios interinos en España.

Y, en efecto, así fue.

Se presumía que el TJUE resolvería en mayo las dudas sobre la ley de amnistía elevadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, pero ahora fuentes solventes señalan a EL PERIÓDICO que el fallo tendrá lugar en el mes de junio.

Se espera que en mayo el TJUE anuncie —según dichas fuentes— la fecha concreta de junio en la que se conocerá la sentencia sobre las cuestiones prejudiciales de la amnistía.

Esas mismas fuentes señalan que, habida cuenta de la decisión del Tribunal Constitucional de resolver los recursos de amparo pendientes (Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig y Carles Puigdemont) una vez que el TJUE despeje esas dudas —entre las que se incluye el delito de malversación—, no dará tiempo a resolverlos antes del verano.

Sucede que varios de esos siete recursos tienen como ponentes a magistrados conservadores que se mantendrán en su postura de declarar que la malversación no es un delito amnistiable, según la política aplicada por la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Ello conduce a que la mayoría progresista rechace esas ponencias en el Pleno, se designe a otro ponente y su propuesta, favorable a la amnistía, vuelva a debatirse en el Pleno para su aprobación.

Una resolución del TJUE en junio, según esas fuentes, no va a permitir resolver los siete recursos de amparo antes del 31 de julio próximo.

El proceso quedará pendiente para septiembre.

Una vez que el Tribunal Constitucional declare conforme a derecho la petición de los siete recurrentes de que la amnistía se les debe otorgar, su aplicación pasará a la Sala Penal del Tribunal Supremo. Será el juez instructor del procés, Pablo Llarena, quien deberá ejecutar la sentencia.

Es decir, dictar una resolución y, en ella, dejar sin efecto la orden de arresto que él mismo reactivó en España sobre Puigdemont en julio de 2024; o, por ejemplo, anular la inhabilitación que pesa sobre Oriol Junqueras para participar en elecciones.

El punto de partida, pues, de esta nueva fase de la amnistía es la sentencia del TJUE.

El abogado general designado, Dean Spielmann, ya anticipó en noviembre de 2025 su dictamen, que no es vinculante pero suele ser asumido por los magistrados a la hora de dictar sentencia.

Spielmann desmonta uno de los principales argumentos políticos de la derecha española y del Tribunal Supremo: que la tramitación de la ley de amnistía fue una “autoamnistía”, como sostuvieron abogados de la Comisión Europea próximos a las posiciones del PP, o que colisiona con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo.

Asimismo, cuestiona que la amnistía afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, uno de los argumentos por los cuales tanto el juez Manuel Marchena como el instructor Pablo Llarena rechazaron aplicar la amnistía al delito de malversación que recurren los siete dirigentes independentistas señalados.

Ambos magistrados llegaron a sostener que la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre de 2017, aunque durase “unos segundos”, afectó a esos intereses financieros de la UE.

Pero lo que sostiene Spielmann no es la única baza favorable a la amnistía española.

La Audiencia sevillana, desairada

Hace pocos días, la Comisión Europea propinó un sonoro varapalo a la Audiencia de Sevilla, que elevó —”apadrinada discretamente”, según fuentes judiciales, por la Sala Penal del Supremo en Madrid— una cuestión prejudicial al TJUE.

En lugar de ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE de Andalucía (anulación de la pena de cárcel para José Antonio Griñán y rebaja de la pena para Manuel Chaves), la Audiencia de Sevilla, tras muchas consultas, decidió cuestionar la capacidad del Tribunal Constitucional para modificar una sentencia del Supremo, habida cuenta de que este tribunal respaldó a esa audiencia. En otros términos, la Audiencia de Sevilla ha intentado convertir al TJUE en una instancia superior en la que litigar a favor de su sentencia original, respaldada por el Supremo y modificada por el Tribunal Constitucional.

¿Acaso eran fondos europeos los que fueron canalizados en los ERE? La Audiencia sevillana, en línea con los consejos recibidos en Madrid desde fuentes de la Sala Penal del Supremo, no basa su planteamiento en esa supuesta procedencia de los fondos.

Según las alegaciones de la Comisión Europea, la Audiencia sevillana “no demuestra ni siquiera alega que los fondos de que se trata en el asunto principal (ERE) provengan del presupuesto de la Unión”.

Y destaca que existe “falta de vínculo” con los intereses financieros europeos, por lo que califica esas hipótesis de “puramente hipotéticas”.

El “uso” de la cuestión prejudicial

El uso de la cuestión prejudicial ficticia por la Audiencia sevillana ha sido una pieza más en la rebelión de la Sala Penal del Supremo contra las decisiones del Tribunal Constitucional.

El dictamen de la Comisión Europea toma nota de esta maniobra al subrayar que no existe un problema sistémico de independencia judicial que justifique la intervención del TJUE y denuncia, de facto, que la Audiencia sevillana ni siquiera se ha tomado el trabajo de mencionar posibles deficiencias estructurales en la organización del Tribunal Constitucional.

Por todo ello, propone que el TJUE rechace lo que se ha presentado como una pretendida “consulta”.

A la espera de lo que diga el TJUE sobre la amnistía y la malversación —la "ficción" y "entelequia" de la afectación de los fondos europeos por el procés, como lo definió la magistrada Ana Ferrer en su voto particular contra la mayoría de Marchena—, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que la malversación es "amnistiable" al desestimar en octubre pasado la cuestión de inconstitucionalidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Pero, como los últimos de Filipinas, tras recibir el bastón de mando de Marchena, el presidente de la Sala Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, sigue resistiendo, aferrándose a aquella frase de Alicia a través del espejo.

“La cuestión —zanjó Humpty Dumpty— es saber quién es el que manda… eso es todo".

Información publicada en El Periódico.